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Establece las condiciones para que las Naciones Unidas usen unos locales en Valencia cedidos por el Ministerio de Defensa como base de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz. El Ministerio cede los locales sin coste y construye nuevas instalaciones.

La Adenda modifica un acuerdo entre la ONU y el Ministerio de Defensa para poner a disposición de la ONU nuevos locales en Valencia: un edificio de oficinas, una zona de aparcamiento y un terreno para ampliación. También actualiza los anexos y el mapa del acuerdo.

Actualiza las cifras que marcan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2022. Sustituye los umbrales anteriores por los fijados por la Comisión Europea en cuatro reglamentos de noviembre de 2021.

Establece reglas comunes entre varios países para controlar la exportación de productos de defensa en programas conjuntos. Incluye el intercambio de información entre las partes, el principio «de minimis» y un órgano permanente de coordinación.

Actualiza el anexo I.1 del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa para adaptarlo a la lista común militar de la Unión Europea. Con ello se ajusta la lista de productos relacionados con la defensa que están sujetos a control en su comercio exterior.

Modifica el reglamento que controla la exportación de material de defensa y de doble uso. Añade un nuevo documento de control para verificar el destino y el uso final de la mercancía en ciertas operaciones y cambia el certificado de último destino para agilizar su tramitación.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.