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Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal en Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, simplificación agraria y medidas fiscales.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Crea el Certificado profesional en Cultivo y trabajos en palmeras, de la familia Agraria, y fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas. También modifica el Real Decreto 1127/2025, que regula el Certificado profesional en Ecoturismo.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura contra el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. Anula la referencia a las superficies de riego de las zonas regables del artículo 13.13.ºd) y la reseña del anexo y anejo 3. Ordena publicar el fallo en el BOE.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos empresas contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias cuencas. Anula las dotaciones de riego para almendro, pistacho y nogal en las cuencas del Tajo y del Guadiana, y la limitación del 30 % para superar esas dotaciones con un estudio agronómico.

Modifica las normas de nutrición sostenible de los suelos agrarios. Ajusta obligaciones sobre el cuaderno de explotación y el plan de abonado, y facilita el uso de estiércoles y abonos orgánicos. También fija cuándo empiezan a aplicarse estas obligaciones.

Modifica la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón. Cambia varios artículos de esa ley y fija un régimen transitorio para las unidades mínimas de cultivo.

Modifica la normativa de pagos directos de la Política Agrícola Común para ampliar la ayuda asociada a productores de frutos secos en secano en zonas con riesgo de desertificación. También corrige una denominación en la norma sobre potencial de producción vitícola y amplía el plazo para solicitar autorizaciones de replantación de viñedos.

Establece ayudas económicas para explotaciones agrarias de Cataluña afectadas por la sequía, en especial cultivos leñosos, herbáceos, maíz, arroz y fruta dulce. También regula el control de la fauna cinegética y modifica normas sobre cooperativas, incendios y servicios sociales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios preceptos del Decreto-ley 5/2021 de la Región de Murcia, que modificó la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor. El recurso cuestiona los cambios en el régimen de restitución de cultivos y en el control de los regadíos sin derecho de agua.

Establece dos programas nacionales para los cítricos: uno para controlar y erradicar el insecto Trioza erytreae y otro para prevenir la llegada de Diaphorina citri y de la bacteria Candidatus Liberibacter spp., que causa la enfermedad del «greening». Regula prospecciones, medidas ante su detección, zonas demarcadas e indemnizaciones.

Regula ayudas temporales excepcionales para titulares de explotaciones agrícolas de Extremadura afectadas por la sequía y por el aumento de costes de producción. Las ayudas se dirigen a cultivos como tomate, arroz y maíz, con especial atención a la zona regable del Canal de Orellana.

Fija el límite de biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros que cuentan para el objetivo de venta o consumo de biocarburantes y biogás en transporte desde 2023. Concreta el porcentaje máximo aplicable a cada sujeto obligado y la senda de reducción de los biocarburantes con alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra.