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El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Cáceres sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia. La inadmisión se debe a que el juez no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.6 de la normativa gallega de tributos cedidos, que fijaba un tipo reducido del impuesto de actos jurídicos documentados para sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Galicia. La extinción se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio tribunal.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.6 de la normativa gallega de tributos cedidos, que limita un tipo reducido del impuesto de actos jurídicos documentados a las sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Galicia. La sentencia declara nulo ese precepto por vulnerar la igualdad en materia tributaria.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el uso del «valor de referencia» del catastro para calcular la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Examina si ese sistema respeta el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2023 que modifican el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación nacional en el País Vasco. La cuestión se extingue por pérdida sobrevenida de su aplicabilidad y relevancia para el caso judicial de origen.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el método de cálculo de los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades para empresas con cifra de negocios superior a diez millones de euros. La duda era si ese método vulnera el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Declara que la impugnación de los preceptos que delimitan el ámbito objetivo de la ley ha perdido su objeto y se remite a su doctrina anterior sobre la constitucionalidad de la amnistía.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. Declara que la impugnación de los preceptos que delimitan el ámbito de aplicación de la ley ha perdido objeto y que la amnistía es constitucional, conforme a su doctrina anterior.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de Cataluña, que sube el tipo de gravamen del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La sentencia examina si ese decreto-ley respetó los límites de la Constitución y del Estatuto de Cataluña.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La sentencia declara la inconstitucionalidad parcial de la delimitación del ámbito objetivo de aplicación de esa ley.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el segundo párrafo del artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica de régimen electoral general. Ese precepto exigía más concejales para presentar una moción de censura al alcalde cuando alguno de los promotores pertenecía al mismo grupo municipal que el alcalde.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 175.2 de la Ley Foral de haciendas locales de Navarra, que fija cómo se calcula la base del impuesto sobre el aumento de valor de los terrenos urbanos. La sentencia se apoya en doctrina anterior que anuló el sistema objetivo de cálculo de ese impuesto.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria quinta de la Ley 6/2019 de Murcia, que permitía integrar en el grupo B a cabos de la policía local solo por tener una titulación. La sentencia declara nula esa previsión por invadir competencias estatales sobre función pública.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regulan procesos de estabilización de empleo temporal en las administraciones públicas. La inadmisión se debe a que el órgano judicial no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión interna sobre los artículos 555.1 y 556 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Interpreta que los letrados de la administración de justicia solo pueden corregir a abogados y procuradores en las actuaciones que se celebren ante ellos en la oficina judicial.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los permisos por nacimiento y cuidado de menor. Declara inconstitucional que la ley no permita a las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, ampliar su permiso con el que correspondería al otro progenitor.

El Tribunal Constitucional declara nulo en parte el artículo 23 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que fijaba retribuciones distintas para los letrados coordinadores del gabinete técnico del Tribunal Supremo según pertenecieran o no a la carrera judicial. La nulidad se basa en la vulneración del principio de igualdad retributiva.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre el último párrafo del artículo 17 bis.1 de la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos. La extinción se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal, por lo que ha perdido su objeto.

El Tribunal Constitucional declara nulo el inciso que fija una sanción mínima de 5.000 euros por superar el límite de gastos electorales. La nulidad se extiende a otros preceptos de la misma ley que establecen sanciones mínimas similares.