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El Tribunal Constitucional declara nulo el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 1/2018 de coordinación de policías locales de Madrid. Ese apartado impedía integrarse en un subgrupo superior a los policías locales sin titulación académica, dejándolos «a extinguir».

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley 9/2019, que modificó la Ley de caza de Castilla y León. La sentencia declara que los preceptos cuestionados son constitucionales porque establecen una ordenación general de la actividad cinegética y no responden a una medida cautelar judicial.

El Tribunal Constitucional declara nulo el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impedía recurrir ante un juez los decretos de los letrados de la administración de justicia que resolvían un recurso de reposición. La norma se anula por vulnerar el derecho a la tutela judicial sin indefensión y el principio de exclusividad jurisdiccional.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, que añadió una disposición adicional a la Ley del impuesto sobre sociedades sobre pagos fraccionados. La cuestión queda sin objeto porque ese precepto ya fue declarado inconstitucional y nulo por la sentencia 78/2020.

El Tribunal Constitucional anula parte del artículo 6.1.3 de la Ley forestal de Andalucía, que daba a la Junta de Andalucía la potestad de deslindar montes públicos que no son de su titularidad. La nulidad se extiende a la facultad de investigar, recuperar de oficio y deslindar todos los montes públicos.

El Tribunal Constitucional declara nulo el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, que añadió una disposición adicional a la Ley del impuesto sobre sociedades para modificar el régimen de pagos fraccionados. El tribunal considera que esa norma afectaba a elementos esenciales del deber de contribuir y no podía regularse mediante decreto-ley.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley de suelo de Extremadura. Declara extinguida en parte la cuestión porque uno de los preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior, y considera conforme a la Constitución el precepto sobre la adaptación de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes a la nueva ley.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que impedía recurrir en revisión los decretos de los letrados de la administración de justicia que resolvían un recurso de reposición. La sentencia anula ese precepto por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimotercera de la Ley catalana 5/2012, que fija la edad de jubilación del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud. La sentencia declara nula en parte esa disposición por invadir competencias del Estado en materia laboral.

El Tribunal Constitucional anula el artículo 39.4 de la Ley de espectáculos públicos de la Comunidad de Madrid, en la redacción de 2009. Ese artículo consideraba infracción leve cualquier incumplimiento de la normativa autonómica en la materia, sin definir las conductas prohibidas.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la Ley del suelo de Extremadura porque ese precepto ya había sido anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal. La cuestión la había planteado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley de haciendas locales que regulan el impuesto municipal sobre el aumento de valor de los terrenos urbanos. La extinción se debe a que esos preceptos ya fueron anulados por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 21.2 de la Ley de patrimonio histórico de Canarias. Declara nula en parte esa norma autonómica, que regulaba la caducidad de los procedimientos para declarar bienes de interés cultural.