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Suprime una de las oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR) de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Establece nuevos estándares de competencias profesionales y suprime otros en diez familias profesionales, como Administración y Gestión, Agraria, Energía y Agua o Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Estos estándares forman parte del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y sirven de referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Modifica el Real Decreto 66/2015, que regula los controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en la cadena alimentaria. Fija en doce meses el plazo para iniciar un procedimiento sancionador tras el informe de control y en diez meses el plazo máximo para resolverlo.

Regula la concesión directa de subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones que se financian, las cuantías, el pago y la justificación, así como los incumplimientos y reintegros.

Regula cómo se organizan y ejecutan los controles oficiales sobre la cadena agroalimentaria en España, para aplicar la normativa europea sobre alimentos, piensos, sanidad animal y vegetal. Incluye la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las actuaciones ante riesgos o incumplimientos.

Establece normas para fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. Regula los criterios nutricionales y de sostenibilidad en comedores escolares, la venta de alimentos y bebidas, las máquinas expendedoras, el acceso al agua y la programación de menús. Incluye controles oficiales y un régimen sancionador.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia agroalimentaria y pesquera. Fija los beneficiarios, las actuaciones financiables, las cuantías, el pago y la justificación de las ayudas.

Modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios y el régimen de controles que aplica, para adaptarlos a los cambios de la Ley 12/2013 introducidos por la Ley 16/2021. Actualiza sus fines, funciones, sujetos controlados, competencias de sus órganos de gobierno y régimen económico-financiero.

Modifica la estructura orgánica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la de los departamentos ministeriales. Reorganiza órganos superiores y directivos hasta nivel de dirección general y deroga normas anteriores que se opongan.

Crea y regula el Registro de Contratos Alimentarios, un registro digital obligatorio para los contratos entre productores primarios y sus compradores. Establece quién debe inscribirse, cómo hacerlo y el acceso de las autoridades.

Establece requisitos de higiene para producir y vender alimentos en comercios al por menor, como temperaturas, congelación, comidas preparadas, carnes, pescado, huevo y donación de alimentos. También regula adaptaciones de higiene, controles oficiales y sanciones.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Crea de nuevo la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA) y fija su composición y funciones. La CIOA es un órgano que coordina la regulación alimentaria entre varios ministerios y emite informes preceptivos sobre aspectos técnicos, sanitarios, de comercialización y de protección al consumidor.

Modifica la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido de Navarra para aplicar los mismos tipos que en el resto del Estado. Incluye el tipo general del 21 % a las bebidas con edulcorantes añadidos y un tipo del 0 % temporal para material sanitario frente a la COVID-19.

Desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018 sobre seguridad de las redes y sistemas de información. Fija las autoridades competentes, la cooperación entre equipos de respuesta a incidentes (CSIRT), los requisitos de seguridad y la gestión y notificación de incidentes. También regula la supervisión del cumplimiento.