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Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

Modifica dos decretos-ley anteriores de Cataluña para ajustar medidas sociales y de empleo frente a la COVID-19. Actualiza el coste de referencia y el copago de servicios sociales para personas mayores, con discapacidad y otros colectivos, y cambia normas de empleo y fomento económico.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2021, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, el Consejo de Navarra y las fundaciones y sociedades públicas. Fija los créditos y los ingresos previstos, y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, regula las retribuciones del personal público y establece las normas de gestión, control y operaciones financieras.

Establece una ayuda extraordinaria para entidades, empresas y autónomos que gestionan instalaciones juveniles (casas de colonias, albergues, granjas escuela, aulas de naturaleza y campamentos). También fija medidas urgentes para las cooperativas catalanas y modifica dos decretos-ley anteriores de medidas sociales y de apoyo al tercer sector social.

Crea un fondo extraordinario para ayuntamientos y otros entes locales y habilita al Consejo Catalán del Deporte para dar ayudas a instalaciones deportivas afectadas por la suspensión de apertura al público. También modifica el Decreto-ley 41/2020 sobre medidas sociales en centros educativos y actividades de ocio.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios y reparte 20 millones de euros entre las comunidades autónomas para el programa educativo #PROA+ del curso 2020-21, creado por la pandemia de COVID-19. El programa busca apoyar a los centros educativos frente a la brecha digital, el abandono temprano y la pobreza infantil.

Autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a concertar operaciones de crédito a largo plazo por un importe máximo de 74 millones de euros. El objetivo es cubrir las necesidades de financiación generadas por el déficit público de 2019 y agilizar el pago a proveedores.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Establece ayudas económicas para personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por la COVID-19, para el sector cultural y para los precios de los servicios sociales. También modifica el Decreto ley 25/2020 en materia social y fiscal.

El Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud acuerdan cooperar entre 2020 y 2021 en donación y trasplante de órganos, células y tejidos. España aporta 320.000 euros para mantener el Observatorio Global de Donación y Trasplante y apoyar a los países miembros.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Actualiza las cuantías, los criterios y el procedimiento para repartir entre los ayuntamientos las transferencias destinadas a financiar nuevas o ampliadas competencias locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Regula el destino, la distribución, la ejecución y la justificación de esos fondos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre trabajo a distancia, y ordena su publicación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.