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Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de ejecución de la legislación del Estado sobre salvamento marítimo en las aguas interiores y territoriales de su litoral. El traspaso incluye la potestad sancionadora y se formaliza mediante un acuerdo de la Comisión Mixta.

Aprueba las estrategias marinas de segundo ciclo para las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Son planes de protección del medio marino que deben actualizarse cada seis años y a los que deben ajustarse las políticas con incidencia en el mar.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso será efectivo desde la fecha que fija el propio acuerdo.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere al País Vasco las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el propio acuerdo.

Aprueba cinco planes de ordenación del espacio marítimo, uno por cada demarcación marina española. Estos planes ordenan las actividades humanas en el mar para hacerlas compatibles con la protección del medio marino y el desarrollo de los sectores marítimos.

Aprueba el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y fija criterios mínimos comunes para gestionar esa red de forma coordinada y coherente. También modifica dos reales decretos sobre especies silvestres y sobre integración de espacios marinos protegidos.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. Incluye la gestión del dominio público marítimo-terrestre, obras en el litoral que no sean de interés general y la policía administrativa en esa zona.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere a Canarias funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. Incluye la gestión de autorizaciones y concesiones en dominio público marítimo-terrestre y la aprobación de planes de uso del litoral y playas.

Modifica el Reglamento General de Costas para incorporar la adaptación al cambio climático en la gestión del litoral. Cambia varios artículos para tener en cuenta la subida del nivel del mar y el aumento de eventos extremos en las playas y la costa.

Actualiza el anexo II del Real Decreto 79/2019 para que los informes de compatibilidad con las estrategias marinas usen los objetivos ambientales del segundo ciclo (2018-2024). También añade al anexo III cautelas para los informes de actuaciones de minería submarina.