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Establece cómo el operador designado para el servicio postal universal debe llevar una contabilidad analítica que permita conocer el coste de cada servicio y producto. También fija la obligación de separar ingresos para el resto de operadores postales y el régimen de infracciones.

Fija criterios sobre el envío de propaganda electoral sin identificar al destinatario (buzoneo). Permite usar tarifas postales especiales con el límite de un envío por elector y declara que su coste es gasto electoral, pero no puede recibir la subvención pública para envíos personalizados.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para cambiar en Correos sellos y otros signos de franqueo en pesetas por euros. Antes el plazo terminaba el 31 de diciembre de 2020. La medida busca igualar ese plazo con el del cambio de billetes y monedas en el Banco de España.

Establece las obligaciones de servicio público que debe cumplir Correos en las elecciones que se convoquen durante 2020. Incluye el reparto y recogida de documentación del voto por correo, envíos de la Oficina del Censo Electoral, recogida de documentación en las mesas y envíos de propaganda electoral.