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La ley regula cómo garantizar el suministro de agua en Galicia durante episodios de sequía y situaciones de riesgo sanitario. Establece planes de sequía y de emergencia, medidas de control y obligaciones para las administraciones y los responsables de los sistemas de abastecimiento.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2023, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, entes, sociedades, fundaciones y consorcios públicos. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Aprueba la revisión de los planes hidrológicos de doce demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027. Estos planes ordenan el uso del agua, fijan caudales ecológicos, asignan recursos y establecen un programa de medidas y objetivos ambientales.

Aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa para el ciclo 2022-2027, que sustituye al plan anterior de 2016. El plan lo elaboró la administración hidráulica gallega e incluye un programa de medidas.

Aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears para el ciclo 2022-2027, elaborado por la administración hidráulica autonómica. Sustituye al plan anterior de 2019 e incluye un programa de medidas y actuaciones en materia de agua.

Modifica varias normas tributarias de Navarra. Suprime la obligación de declarar el IRPF para trabajadores y pensionistas con rentas bajas y elimina los dos primeros tramos de retenciones del trabajo. También cambia el Impuesto sobre Sociedades y declara exentas las ayudas del Plan Nacional de respuesta a la guerra en Ucrania.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2023, fijando los créditos y dotaciones iniciales, su financiación y las normas para gestionar gastos e ingresos. Incluye reglas sobre personal, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes locales.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023. Fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, las retribuciones del personal y las normas de gestión presupuestaria, tributaria y financiera.

Modifica dos reales decretos sobre aguas envasadas para adaptarlos a la Directiva (UE) 2020/2184. Actualiza los parámetros químicos de control de las aguas de manantial y de las aguas preparadas envasadas para consumo humano.

Establece los criterios técnicos y sanitarios que debe cumplir el agua de consumo, su control y su suministro, desde la captación hasta el grifo. Regula la calidad del agua, la vigilancia sanitaria, la evaluación de riesgos y la información al público.

Declara 67 nuevas reservas hidrológicas y amplía 2 ya existentes en las cuencas de ríos compartidas entre varias comunidades autónomas. Estas reservas se incluyen en el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas, con sus límites y situación geográfica.

Regula la gestión del ciclo integral del agua en Galicia: abastecimiento, saneamiento y depuración. Ordena las aglomeraciones urbanas, la prestación de los servicios y la actuación de Augas de Galicia. Crea cánones para financiar la gestión de depuradoras, redes de colectores y abastecimientos.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Aprueba las bases para conceder subvenciones a proyectos que mejoren la eficiencia del ciclo urbano del agua y abre la primera convocatoria de ayudas de 2022. Estas ayudas forman parte del PERTE de digitalización del ciclo del agua, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Suspende la aplicación del canon medioambiental del agua previsto en la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. El canon gravaba el uso y consumo de agua en la región. La suspensión se mantiene sin plazo fijado.