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Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Modifica la normativa que regula los contratos de compraventa de leche y el reconocimiento de organizaciones de productores e interprofesionales del sector lácteo. Aclara obligaciones de contrato según dónde esté el comprador, fija un plazo para rechazar ofertas de contrato y precisa reglas sobre tolerancias, adendas y contratos simultáneos.

Establece el sistema electrónico para que los ayuntamientos soliciten la compensación por la pérdida de recaudación de las bonificaciones del 95 % en el IAE y el IBI de cooperativas y sociedades agrarias de transformación. Las solicitudes se presentan solo por la Oficina Virtual, mediante la aplicación COTRIL.

Modifica la Ley de Cooperativas de Asturias para permitir que las asambleas generales y los consejos rectores de las cooperativas se celebren a distancia. También permite que la Consejería competente en economía social regule el destino del fondo de educación y promoción a fines distintos de los previstos en la ley.

Adopta medidas urgentes en materia de energía para facilitar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, impulsar el autoconsumo eléctrico y el despliegue de energías renovables. Modifica varias normas del sector eléctrico, de hidrocarburos y tributarias.

Modifica la Ley de Cooperativas de Euskadi para ajustar tres artículos a la normativa estatal. Las cooperativas de seguros solo podrán operar a prima fija y el artículo sobre contratos públicos se interpretará según la legislación básica estatal.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fija los órganos superiores y directivos del departamento y sus funciones, y modifica la estructura orgánica básica de otros departamentos ministeriales.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Regula el mantenimiento del empleo en centros sanitarios y sociales, medidas extraordinarias de protección del empleo y el cómputo de contratos temporales. También fija reglas sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

Establece un régimen excepcional y temporal para que las cooperativas valencianas puedan celebrar sus asambleas y reuniones de órganos sociales y adoptar acuerdos válidos pese a las limitaciones de la COVID-19. Regula asambleas ordinarias y extraordinarias, consejos rectores, depósito de cuentas y mandatos de cargos.

Amplía plazos para presentar y pagar autoliquidaciones de varios impuestos cedidos, como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. También bonifica la tasa de máquinas recreativas del tercer trimestre y regula la tasa por controles sanitarios de animales.

Aprueba un cuarto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye medidas tributarias, como la reducción de pagos de impuestos y la ampliación de plazos, y permite usar de forma temporal el Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas.

Establece ayudas urgentes de la Junta de Extremadura para mantener y recuperar el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye subvenciones para personas autónomas, microempresas, centros especiales de empleo, trabajadores por cuenta ajena afectados por regulaciones temporales de empleo, el ámbito agrario y empresas turísticas.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Mantiene la actividad de centros sanitarios y de atención a mayores, protege el empleo y regula los ERTE y los contratos temporales durante el estado de alarma.

La ley regula las cooperativas de Euskadi: cómo se crean, cómo se organizan, quién puede ser socio, sus órganos de gobierno, su régimen económico, su disolución y las clases de cooperativas. También regula el Registro de Cooperativas y el Consejo Superior de Cooperativas.

Modifica varias normas tributarias de Navarra, entre ellas el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Sociedades, el de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales. También ajusta tasas, precios públicos y la Ley Foral de Haciendas Locales, y adapta la normativa a cambios del Derecho Civil Foral.