Buscar en el BOE

Modifica los anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 983/2021, que regula ayudas a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para renovar flotas de transporte de viajeros y mercancías. Cambia requisitos y cuantías de las actividades de achatarramiento y otras actuaciones subvencionables.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

Modifica el anexo I del Real Decreto 244/2019 para permitir coeficientes de reparto variables en el autoconsumo colectivo. Estos coeficientes determinan cómo se reparte entre los participantes la energía generada por una instalación compartida.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.

Modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para crear nuevas infracciones y sanciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. También cambia otras normas sobre gestión del transporte y las infraestructuras.

Regula el alquiler de colecciones de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español por entidades del sector público que no son Administraciones Públicas. También otorga la garantía del Estado a las obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza arrendadas a su fundación y modifica otras normas culturales y deportivas.

Extiende la exención del gasoducto Medgaz, que conecta Argelia con España, respecto a las normas de acceso de terceros y de separación de actividades como empresa transportista. La exención se amplía hasta el 31 de marzo de 2031 y, si los contratos se prorrogan, durante toda la vigencia de esas prórrogas.

Extiende hasta el 31 de octubre de 2021 la exención del gasoducto Magreb-Europa, en su tramo por aguas territoriales españolas, del cumplimiento de ciertas obligaciones de acceso de terceros previstas en la Ley del sector de hidrocarburos. La exención se concede a solicitud de la empresa titular del derecho de uso de la sección marroquí.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Establece el formato y el contenido mínimo de la factura de electricidad que deben usar los comercializadores de referencia. Incluye modelos distintos según el tipo de consumidor: acogidos al precio voluntario, vulnerables con bono social y quienes carecen temporalmente de contrato en libre mercado.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Establece las normas contables para registrar y valorar los ingresos que una empresa obtiene al entregar bienes o prestar servicios a sus clientes. Desarrolla el Plan General de Contabilidad y fija cómo elaborar las cuentas anuales en esta materia.

Introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable y prevé una protección reforzada para ella en las relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas.