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Actualiza las cuantías que marcan los umbrales de los contratos del sector público a partir del 1 de enero de 2026, para adaptarlas a los nuevos límites fijados por la Comisión Europea. Afecta a la Ley de Contratos del Sector Público, al Real Decreto-ley 3/2020 y a la Ley 24/2011 de contratos de defensa y seguridad.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 3/2022 de Aragón, que regulaba medidas urgentes en contratación pública. La sentencia anula total o parcialmente los preceptos que definían el ámbito de aplicación y las medidas excepcionales de revisión de precios en contratos de obra, servicios y suministros, y da una interpretación conforme a otro precepto.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Actualiza las cuantías que determinan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2024, para adaptarlas a los nuevos umbrales fijados por la Comisión Europea. Sustituye varias cifras en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto-ley 3/2020 y en la Ley 24/2011.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022 sobre contratación pública. La suspensión se limita a los incisos concretos impugnados por el presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 3/2022 del Gobierno de Aragón sobre contratación pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos en su vigencia y aplicación.

Modifica el procedimiento de adhesión a la Central de Contratación del Estado para incluir también los sistemas dinámicos de adquisición, además de los acuerdos marco. Las entidades que se adhieran deberán contratar a través de ellos, salvo excepciones justificadas.

Prorroga la habilitación prevista en la disposición transitoria primera, apartados 4 y 5, de la Ley 13/2014, de Radio y Televisión Públicas de Canarias. Con ello se mantiene la continuidad de la gestión del servicio público de televisión autonómica y de sus programas informativos.

Establece medidas excepcionales y urgentes para revisar los precios de los contratos públicos de obras, servicios y suministros en Aragón, ante la subida del coste de materiales y energía. Regula también cambios de materiales, retrasos por falta de suministros y la revisión de precios en futuras contrataciones.

Modifica la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de Canarias para garantizar que el ente público Radiotelevisión Canaria y sus sociedades sigan gestionando la televisión autonómica y sus informativos. Establece un régimen temporal hasta que el Parlamento de Canarias apruebe el mandato marco.

Declara de contratación centralizada estatal determinados medicamentos, productos sanitarios y servicios sanitarios. Reúne en una sola orden el contenido de dos órdenes anteriores de 2014 y actualiza la lista de productos sanitarios incluidos.