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España acepta la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, adoptada en Doha el 8 de diciembre de 2012. La enmienda sustituye el anexo B del Protocolo con nuevos compromisos de limitación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2013-2020.

Actualiza la forma de calcular y mostrar el Índice Nacional de Calidad del Aire. El índice usa datos horarios de estaciones de medición y, si faltan, datos modelizados del servicio europeo Copernicus. Se basa en cinco contaminantes y añade la categoría «extremadamente desfavorable».

Establece medidas tributarias urgentes en Cataluña: retrasa al 1 de enero de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias turísticas y el recargo de Barcelona, fija nuevos plazos para autoliquidaciones suspendidas y ajusta el aplazamiento del canon del agua para pequeñas empresas y autónomos.

Fija el valor medio nacional de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la electricidad consumida por motocicletas y vehículos eléctricos. Ese valor es de 108 gramos de CO2 equivalente por megajulio y deben usarlo los sujetos obligados al notificar sus emisiones.

Modifica las medidas de compensación económica a centros sanitarios por la COVID-19, aplaza el cobro del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos de 2019 y 2020 y crea una prestación extraordinaria para suministros básicos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Modifica la Ley 16/2017 del cambio climático de Cataluña para ajustar el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Regula cómo calcular las emisiones cuando la ficha técnica del vehículo no las incluye y añade el padrón de contribuyentes y las reglas de pago.

Modifica la Ley catalana de cambio climático y la Ley de urbanismo, y regula la autorización de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Establece criterios de implantación, trámites de información pública y evaluación de impacto ambiental, y limita el uso de coque de petróleo y carbón en la industria.