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Amplía el plazo para que las asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal presenten las cuentas anuales y la memoria de actividades del ejercicio 2019. Podrán hacerlo en los cuatro meses siguientes al fin del estado de alarma por la COVID-19.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Actualiza la información sobre contratación administrativa que debe figurar en la Memoria y regula el tratamiento contable de entidades mancomunadas y sociedades de prevención de las mutuas colaboradoras.

Establece las instrucciones sobre el contenido, estructura y formato del informe resumen de control interno que elaboran los órganos de control de las entidades locales. También regula cómo solicitar a la Intervención General del Estado el informe previo a la resolución de discrepancias y cómo remitir la información contable y los informes de auditoría de cuentas anuales.

Modifica la Circular 1/2013 sobre la Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco de España para adaptarla a la Ley 5/2019 de crédito inmobiliario. Amplía qué entidades deben declarar datos a la CIR y quién puede consultarlos.

Modifica el anexo 1 de la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales. Añade, entre la documentación que acompaña a esa cuenta, los informes de auditoría de las cuentas anuales de determinadas entidades dependientes de la entidad local.

Modifica la instrucción de contabilidad de las entidades de la Seguridad Social para adaptar el registro contable de los reintegros por pagos indebidos de prestaciones. El deudor se anota como no presupuestario y, a la vez, como menor gasto en la cuenta de resultados, con independencia de su imputación presupuestaria posterior.