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Regula las subvenciones para obras de rehabilitación energética en edificios existentes situados en municipios de menos de 5.000 habitantes, dentro del Programa PREE 5000. Incluye la concesión directa de estas ayudas a las comunidades autónomas, que las reparten entre los destinatarios finales.

Regula la concesión directa de ayudas para inversiones en proyectos locales de energía limpia en municipios con reto demográfico, dentro del Programa DUS 5000. Establece requisitos de los beneficiarios, tipos de proyectos subvencionables, procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Amplía el presupuesto del programa PREE de ayudas para rehabilitación energética de edificios existentes en 40.323.716,14 euros, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. De esa cantidad, 30.000.000 de euros se asignan al País Vasco y 10.323.716,14 euros a Navarra.

Amplía en 21 millones de euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. De esa cantidad, 15 millones se asignan a Galicia y 6 millones a Navarra. El presupuesto total del programa pasa a 377.944.906 euros.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

El real decreto regula la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para financiar programas de autoconsumo y almacenamiento con energías renovables, y sistemas térmicos renovables en viviendas. Las comunidades gestionan estas ayudas y las conceden a los destinatarios finales.

Fija los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de julio de 2021. También fija los precios del gas manufacturado y aire propanado en territorios insulares y el coste de la materia prima.

Modifica el Real Decreto 263/2019, que regula las ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. El programa busca reducir emisiones de dióxido de carbono y consumo de energía final. Las ayudas se conceden a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, que las reparten entre las empresas.

Establece el procedimiento básico para certificar la eficiencia energética de los edificios. Regula cómo se califica, certifica, registra y controla esa eficiencia, la etiqueta energética y los incentivos para mejorarla.

Regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para colaborar en la financiación de la tramitación de las ayudas del bono social térmico del ejercicio 2020, con cargo al presupuesto de 2021.

Fija el valor medio nacional de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la electricidad consumida por motocicletas y vehículos eléctricos. Ese valor es de 91 gramos de CO2 equivalente por megajulio y deben usarlo los sujetos obligados al notificar sus emisiones.

Determina qué información sobre los precios finales de la electricidad deben enviar ciertas comercializadoras al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Fija los criterios para elegir a esas comercializadoras, los datos a remitir, los plazos y la calidad de la información. El Ministerio envía después esos datos a Eurostat.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que se aplican desde el 1 de junio de 2021. Estos cargos cubren costes regulados del sistema eléctrico y se dividen por niveles de tensión y por periodos horarios.

Amplía en 7.000.000 euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. Ese importe se asigna al País Vasco, que pasa de 15.321.804,01 a 22.321.804,01 euros.

Modifica el Real Decreto 1085/2015, de fomento de los biocarburantes, y fija los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para 2021 y 2022. Impulsa el uso de biocarburantes avanzados y de los que reducen el cambio de uso de la tierra.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2021 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También actualiza el coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se incluye en el precio voluntario para el pequeño consumidor.

Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) para actualizar sus requisitos. Incluye nuevas obligaciones sobre lectura de contadores de agua caliente sanitaria, información al consumidor y sistemas de automatización y control en edificios no residenciales.

Regula un programa de ayudas para mejorar la eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. Las comunidades autónomas reciben la financiación de forma directa y luego conceden las ayudas a los destinatarios finales. El programa se financia con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.