Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para colaborar en la financiación de la tramitación de las ayudas derivadas del bono social térmico correspondiente al ejercicio 2020, con cargo al presupuesto del año 2021.

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La energía es concebida en la actualidad como un bien indispensable para las familias y los hogares. Garantizar el abastecimiento de energía en el ámbito doméstico es una prioridad de la actual política energética, tal y como se constata con la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, asegurando satisfacer las necesidades básicas de iluminación, climatización y alimentación para procurar unas condiciones vitales dignas en un entorno de continuo crecimiento de los niveles de electrificación en los hogares.

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, además de establecer el mandato para la aprobación por parte del Gobierno de la mencionada Estrategia, amplió la protección, del ya existente Bono Social de Electricidad, a otros usos energéticos, creando el Bono Social Térmico, un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.

A diferencia del Bono Social de Electricidad, que se erige como una obligación de servicio público por parte de los comercializadores de referencia, el Bono Social Térmico se constituye como una medida activa de fomento administrativo, articulada mediante la concesión directa a los beneficiarios de una ayuda económica destinada a compensar aquellos gastos indispensables para asegurar el suministro de energía para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia energética.

De acuerdo al artículo 7 del citado real decreto-ley, el Bono Social Térmico se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero la gestión y el pago del mismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, se realizará por las administraciones territoriales autonómicas, correspondiendo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico transferir a las administraciones autonómicas los fondos correspondientes al total de beneficiarios de cada administración, correspondiéndole a estas el cálculo de las ayudas en base a los criterios definidos en el citado real decreto-ley, así como los procesos inherentes a su gestión y pago.

Consecuencia de lo anterior, la gestión y el pago de las ayudas por parte de las administraciones territoriales conlleva inevitablemente incurrir en una serie de gastos de gestión derivados, fundamentalmente, de la notificación a los potenciales beneficiarios, dado que se ha de garantizar la posibilidad de renuncia a la ayuda por parte de los beneficiarios que así lo soliciten. Por esta razón, y dada la naturaleza estatal del Bono Social Térmico y su financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se considera adecuada la colaboración de la Administración General del Estado en la financiación para la tramitación del mismo por parte de las administraciones autonómicas mediante la concesión de una subvención directa a cada una de ellas.