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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Clidom Energy, SL contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica. Declara la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social previsto en el artículo 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico y anula los artículos 13 a 16 del real decreto.

Revisa para 2022 el valor mínimo del cociente entre consumo anual de electricidad y valor añadido bruto que deben cumplir las instalaciones para ser reconocidas como consumidores electrointensivos. El nuevo valor se fija en 0,8 kWh/€, frente al 1,5 kWh/€ anterior.

Fija los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de abril de 2022, con un término fijo mensual y un término variable por kWh según el consumo anual del hogar. También fija los precios del gas manufacturado y aire propanado en territorios insulares.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2022 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos y gases licuados) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También regula el pago de esas cuotas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el uso de Certificados de Ahorro Energético.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Naturgy contra el Real Decreto que regula el bono social eléctrico. Declara que no se aplique el régimen de financiación del bono social previsto en la Ley del Sector Eléctrico y reconoce el derecho de la empresa a ser indemnizada por lo que pagó por ese concepto.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Iberdrola contra el Real Decreto 968/2014, que fija cómo se reparten las cantidades para financiar el bono social eléctrico. Declara inaplicable el régimen de financiación del artículo 45.4 de la Ley 24/2013 y anula los artículos 2 y 3 del real decreto.

Pone en marcha en Navarra la aplicación telemática con la que el comercializador de referencia comprueba si quien solicita el bono social cumple los requisitos para ser consumidor vulnerable. La aplicación se aplica desde el día siguiente a la publicación de la resolución y su uso es obligatorio desde esa fecha.

Modifica los anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 983/2021, que regula ayudas a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para renovar flotas de transporte de viajeros y mercancías. Cambia requisitos y cuantías de las actividades de achatarramiento y otras actuaciones subvencionables.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Viesgo Infraestructuras Energéticas contra el Real Decreto 968/2014, que fija el reparto de la financiación del bono social eléctrico. Declara inaplicable el régimen de financiación del artículo 45.4 de la Ley 24/2013 y anula los artículos 2 y 3 del real decreto.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la instalación de equipos de mejora de la eficiencia energética o hídrica y de sistemas de energías renovables en edificios en régimen de propiedad horizontal. También cambia el Decreto-ley 10/2020 sobre medidas para personas jurídicas de derecho privado.

Establece cómo las comunidades autónomas deben enviar al Ministerio para la Transición Ecológica los datos de los certificados de eficiencia energética de edificios. Fija el contenido mínimo de esa información y dos formas de remisión: publicación en datos abiertos o envío en formato XML mediante la aplicación EVADINE.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 29/2021, que adopta medidas urgentes en el ámbito energético para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico que se aplican desde el 1 de enero de 2022 y actualiza otros costes regulados del sistema eléctrico para ese año. También actualiza los pagos por capacidad y los segmentos tarifarios para la recarga de vehículos eléctricos.