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Aprueba el procedimiento de operación del sistema eléctrico P.O. 14.12, que fija cómo el operador del sistema estima los componentes del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) que no se conocen cuando debe publicarlos el día anterior. También establece el método para estimar el volumen de aprovisionamiento a plazo de las comercializadoras de referencia.

Publica la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) aplicable a partir de su entrada en vigor. Fija los términos fijo y variable y el coste de la materia prima conforme a la metodología de la Orden ITC/1660/2009, con los límites de incremento previstos en la normativa vigente.

La Circular explica cómo aplicar el artículo 66.1.b) de la Ley General de Telecomunicaciones, que reconoce a los usuarios el derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas. Detalla cuándo vale el consentimiento previo, cuándo puede ampararse en el interés legítimo y cómo consultar los sistemas de exclusión publicitaria.

Modifica el Estatuto de los consumidores electrointensivos para adaptar sus mecanismos de apoyo a las nuevas directrices europeas sobre ayudas de Estado en clima, medio ambiente y energía. Ajusta requisitos de certificación, el mecanismo de compensación de cargos eléctricos y el de cobertura de riesgos.

Modifica el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz. Introduce referencias a precios a plazo del mercado y busca reducir la volatilidad de esa tarifa.

Fija los precios del gas natural del año 2022 que se aplicarán al calcular la retribución de los grupos generadores de electricidad situados en los territorios no peninsulares. Para ello usa la normativa vigente en cada tramo del año y la metodología de costes del gas en Baleares.

Aprueba el Reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Regula la organización del Registro, los requisitos para inscribirse, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de las asociaciones inscritas y las causas y el procedimiento de exclusión.

Regula la actividad física y el deporte en las Illes Balears. Sustituye la Ley 14/2006 y ordena las administraciones deportivas, las entidades, las licencias, la formación, el dopaje, la violencia, las instalaciones y el régimen sancionador.

La ley establece el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias en Euskadi. Regula sus derechos, las competencias de las administraciones vascas, la resolución de conflictos, la inspección y las sanciones en materia de consumo.

Regula el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Establece el derecho de acceso a estos servicios, las prestaciones que incluye, cómo se organizan y quién es competente. También fija reglas sobre profesionales, registros, planificación, financiación e infracciones.

Regula la ordenación y la atención farmacéutica en la Comunidad de Madrid. Fija los derechos y obligaciones de pacientes y farmacéuticos, las condiciones de las oficinas de farmacia, botiquines y servicios de farmacia, y el régimen de inspección y sanciones.

Modifica las condiciones de servicio público de la ruta aérea Menorca-Madrid entre el 1 de noviembre y el 30 de abril. Añade una frecuencia diaria adicional en fechas concretas (enero, Semana Santa, diciembre y Navidad) y fija horarios y capacidad mínima.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Aprueba el pago de una prestación económica extraordinaria a las personas que reciben la Prestación Canaria de Inserción. Su objetivo es compensar la subida de precios de los productos básicos durante 2022. La norma fija la cuantía, el pago, la financiación y quiénes son beneficiarios.

La orden regula qué información deben enviar las empresas que ofrecen servicio de recarga para vehículos eléctricos al Ministerio para la Transición Ecológica, a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla. Establece el contenido, la frecuencia, los plazos y la forma de remisión de esos datos.