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Modifica la resolución que fija los recargos del seguro de riesgos extraordinarios del Consorcio de Compensación de Seguros. Adapta las tarifas a la nueva cobertura de vehículos personales ligeros, suprime un anexo de modelos estadísticos y fija reglas para las pérdidas pecuniarias sin límite temporal.

Actualiza los modelos y el procedimiento para declarar e ingresar por vía electrónica los recargos que las aseguradoras recaudan a favor del Consorcio de Compensación de Seguros. Incluye los recargos del nuevo seguro obligatorio de responsabilidad civil de los vehículos personales ligeros y permite compensar extornos de recargos hasta 180 días tras el fin de la cobertura.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación a hogares, empresas y autónomos afectados por la DANA. También ordena al ICO ampliar el plazo de los avales ICO COVID e ICO Ucrania cuando los préstamos estén suspendidos por el Real Decreto-ley 6/2024.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Establece un complemento de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022. También cambia la fecha de entrada en vigor de obligaciones de las entidades que declaran a la Central de Información de Riesgos del Banco de España y modifica varias órdenes sobre crédito revolvente, publicidad bancaria y transparencia.

La orden regula el reaseguro que asume el Consorcio de Compensación de Seguros para cubrir la responsabilidad civil por daños nucleares. Fija las condiciones, la prima, la gestión de siniestros y las liquidaciones entre el Consorcio y las entidades aseguradoras.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.

Fija las cuantías de las indemnizaciones para las personas que sufren accidentes al colaborar en la extinción de incendios forestales. Incluye pagos por muerte o incapacidad y la asistencia médica y hospitalaria hasta la curación. También establece las tarifas de primas del seguro y su compatibilidad con otros seguros.

Establece ayudas y medidas para reparar los daños causados por la borrasca Filomena en enero de 2021. Incluye compensaciones por daños personales, en viviendas, enseres, comercios, industrias, cultivos y ganado, además de beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social.

Amplía la aplicación de las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 a situaciones catastróficas ocurridas hasta el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas subvencionan hasta el 50 % del coste de proyectos de reparación de infraestructuras y servicios municipales.

Prolonga y adapta las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo asociadas. También regula apoyos a trabajadores autónomos y crea un fondo estatal para garantizar riesgos de compra de energía eléctrica de empresas electrointensivas.

Modifica la norma que fija el reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados. Cambia cómo Agroseguro constituye y aplica sus reservas de estabilización: deja de hacerlo por grupos de reaseguro y pasa a hacerlo en dos bloques. También ajusta la participación en beneficios del Consorcio.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Fija sus órganos superiores y directivos hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada uno. Incluye disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales para adaptar normas y unidades a la nueva organización.