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Modifica las normas de nutrición sostenible de los suelos agrarios. Ajusta obligaciones sobre el cuaderno de explotación y el plan de abonado, y facilita el uso de estiércoles y abonos orgánicos. También fija cuándo empiezan a aplicarse estas obligaciones.

Regula la concesión directa de subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones que se financian, las cuantías, el pago y la justificación, así como los incumplimientos y reintegros.

Adapta la normativa nacional al Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027, tras la modificación aprobada por la Comisión Europea en agosto de 2025. Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de las ayudas agrícolas y corrige erratas e imprecisiones detectadas.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a proyectos que renaturalicen y restauren ecológicamente terrenos agrarios y forestales. La Fundación Biodiversidad gestiona estas ayudas, que buscan ecosistemas más ricos en biodiversidad y mejor adaptados al cambio climático.

Regula la concesión directa de una ayuda para compensar el daño no cubierto por el seguro agrario combinado a los titulares de pólizas afectados por la DANA de octubre y noviembre de 2024. Establece quiénes pueden recibirla, cómo se calcula, cómo se financia y el procedimiento de concesión y pago.

Crea ayudas de emergencia para explotaciones ovinas afectadas por la lengua azul y para explotaciones de cereza afectadas por lluvias en Extremadura durante 2024. Estas ayudas se financian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Modifica la normativa sobre declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa. Ajusta y simplifica el Sistema de información de los mercados oleícolas (SIMO) para mejorar la calidad de los datos y la trazabilidad. También cambia otras normas sobre intervenciones agrarias y calidad de aceites vegetales.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades asociativas del sector agrario y alimentario. Financia sus actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, y otras actividades de especial interés para el sector agroalimentario español.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y anexos del Decreto-ley 4/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifica la Ley de la Huerta de València y su plan de ordenación territorial. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Modifica la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón. Cambia varios artículos de esa ley y fija un régimen transitorio para las unidades mínimas de cultivo.

La orden reduce los índices de rendimiento neto del método de estimación objetiva del IRPF para 2024 en actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales. Las reducciones se aplican en zonas geográficas concretas recogidas en un anexo, agrupadas por comunidades autónomas, provincias, ámbitos territoriales y actividades.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios patrimoniales cedidos a la Generalitat de Cataluña para los servicios de reforma y desarrollo agrario, en concreto el Canal Xerta-Sénia. La ampliación se hace efectiva en la fecha que fija el propio acuerdo.

Regula los grados A, B y C de Formación Profesional de varias familias profesionales: Administración y Gestión, Agraria, Informática y Comunicaciones, y Madera, Mueble y Corcho. Establece estos grados para distintos títulos de Técnico Básico, Técnico y Técnico Superior, y regula el profesorado y personal formador.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para programas plurirregionales de formación dirigidos a profesionales del medio rural. Los cambios afectan sobre todo a la aplicación de las ayudas de minimis y a la justificación del gasto por módulos.