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Modifica la ley cántabra de reconocimiento a las víctimas del terrorismo para ampliar y precisar las ayudas autonómicas complementarias a las estatales. Fija un porcentaje del 30 por 100 para daños personales y ayudas extraordinarias, reduce el requisito de empadronamiento y prevé efectos retroactivos y un plazo extraordinario de solicitud.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid para ampliar las ayudas a las víctimas del terrorismo. Incluye indemnizaciones por daños personales y ayudas extraordinarias, complementarias de las estatales, y fija la cuantía en el 30 % de lo concedido por el Estado.

Reúne en una sola ley la regulación de tres distinciones de la Comunidad de Madrid: la Medalla de Oro, la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo y la Medalla Internacional. Fija quién puede recibirlas, cómo se conceden, su diseño y su registro.

La ley regula el reconocimiento y las ayudas a las víctimas del terrorismo en Cantabria. Incluye indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, ayudas por daños materiales, asistencia sanitaria y social, medidas educativas, de empleo, vivienda y acceso a cultura y deporte. También crea distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas.

Modifica la Ley 4/2008 de medidas a favor de las víctimas del terrorismo en Aragón. Añade artículos sobre reconocimiento institucional, memoria de las víctimas, un día de recuerdo, distinciones honoríficas, protección de la intimidad e imagen, acción popular, educación para la paz y difusión del conocimiento sobre el terrorismo.

Modifica la ley asturiana de honores y distinciones. Unifica las medallas de oro y plata en una sola Medalla de Asturias, limita a cinco las que pueden concederse al año y permite dar los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo también a personas fallecidas que sean objeto de reparación y reconocimiento.

La ley regula en Cantabria la identificación y el censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, la exhumación de restos, la reparación y reconocimiento de las víctimas y la protección de documentos y lugares de memoria. También crea órganos de coordinación y un régimen sancionador.