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Regula cómo se puede comprobar la identidad de una persona por vídeo para emitir certificados electrónicos cualificados, sin que tenga que acudir presencialmente. Fija los requisitos técnicos, de seguridad, de personal, de instalaciones y de conservación de pruebas de ese proceso.

Modifica el reglamento de la Ley del Cine para que las personas físicas del sector se relacionen con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales solo por medios electrónicos. También obliga a todas las salas de cine a controlar la asistencia y declarar rendimientos mediante el procedimiento ordinario de los «Buzones».

Regula las comunicaciones comerciales de las actividades de juego: publicidad, patrocinio y promoción. Fija principios como la identificación del anunciante, la veracidad, la responsabilidad social y la protección de menores. También establece reglas según el canal de difusión y medidas de juego seguro.

Crea un impuesto sobre determinados servicios digitales. Grava los ingresos de empresas que prestan servicios digitales en España, como publicidad en línea o venta de datos, cuando superan ciertos umbrales. Regula quién debe pagarlo, cómo se calcula y cómo se gestiona.

El Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de varios preceptos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que regula la mejora y simplificación para fomentar la actividad productiva. La suspensión había sido acordada al admitir un recurso de inconstitucionalidad y publicada en mayo de 2020.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que regula la mejora y simplificación para fomentar la actividad productiva. El recurso lo presenta el presidente del Gobierno.