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Modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Sustituye el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente, y crea una Comisión de Transparencia para resolver reclamaciones antes de acudir a los tribunales.

Modifica la Ley 6/2021 de atención temprana de la Región de Murcia para cambiar quién forma parte de la Comisión Regional de Coordinación y de la Comisión Técnica de Atención Temprana. Sustituye la referencia a centros «concertados» por centros que reciban financiación de la Administración Regional.

Establece un marco común para evaluar las políticas públicas en la Administración General del Estado. Crea órganos y planes de evaluación, fija criterios e indicadores y regula cómo se usan los resultados en la toma de decisiones.

Regula la economía social en Canarias: define qué entidades forman parte de ella, crea un catálogo canario de estas entidades y establece medidas de fomento, ordenación y difusión del sector. También crea la Comisión de la Economía Social de Canarias y prevé una estrategia canaria de economía social.

La ley reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su cuenca, de modo que el ecosistema pasa a ser sujeto de derechos propios. Crea una carta de derechos para la laguna y establece órganos de representación y tutela que velan por ellos.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

Crea la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, que se suma a esa ayuda estatal, y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Regula quién puede cobrar la prestación, su cuantía, duración, tramitación y reclamaciones, y ordena los programas de inclusión social en Aragón.

Regula cómo la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura se defiende y actúa ante los tribunales. Crea y organiza la Abogacía General de la Junta y el Cuerpo Superior de Letrados, y fija reglas sobre representación, notificaciones y costas procesales.