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Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas laborales y sociales para proteger el empleo durante la crisis del COVID-19. Regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas del artículo 22, la protección por desempleo de las personas afectadas y las cotizaciones a la Seguridad Social. También fija límites al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal de las empresas que usan estas medidas.

Aprueba el Reglamento sobre el acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y a los cultivados para otros fines. Desarrolla el título IV de la Ley 30/2006 y regula el acceso, las medidas de control, una comisión nacional y el fomento de los derechos de los agricultores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, que recogía medidas urgentes frente al impacto económico y social del COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes frente al COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

La ley regula el tercer sector social en Castilla-La Mancha: define qué entidades lo forman, sus obligaciones y principios, y crea cauces de diálogo y participación con la Administración. También establece medidas de promoción y colaboración con estas entidades.

Modifica el Reglamento del Senado para actualizar la lista de Comisiones Permanentes Legislativas y crear una nueva Comisión no Legislativa de Juventud. La reforma adapta las comisiones a la estructura del nuevo Gobierno.

La ley regula el derecho de la ciudadanía de Castilla-La Mancha a participar en los asuntos públicos. Crea instrumentos y procedimientos de participación ciudadana e institucional, y establece medidas para fomentarla y organizarla.

Modifica la norma que organiza la Comisión de Seguridad y Control de la Agencia Tributaria. Crea una nueva comisión sectorial para el Servicio de Gestión Económica y actualiza la lista y la composición de estas comisiones.