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Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y regula su composición, funciones y funcionamiento. Sustituye a la comisión anterior del extinto Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Crea la Comisión Mixta para las Servidumbres Acústicas y el Plan de Acción del Aeropuerto de A Coruña. Regula sus objetivos, composición, presidencia, secretaría y funcionamiento. La Comisión debe informar antes de establecer las servidumbres acústicas y los planes de acción del aeropuerto y velar por su cumplimiento.

Crea la Comisión Mixta para las Servidumbres Acústicas y el Plan de Acción del Aeropuerto de Fuerteventura. Regula sus objetivos, composición, presidencia, secretaría y funcionamiento, con participación de representantes autonómicos y locales.

Crea y regula la Comisión Asesora de Estudios del Ministerio de Trabajo y Economía Social y establece cómo se elabora y aprueba el Programa de Estudios del departamento. Fija la composición y funciones de la Comisión y las reglas para presentar, seguir y difundir los proyectos de estudio.

Crea la Comisión de Coordinación prevista en la Ley 7/2020 para la transformación digital del sector financiero y fija sus normas de funcionamiento. La Comisión coordina las actuaciones de esa ley, impulsa y hace seguimiento del espacio controlado de pruebas y del proceso de digitalización financiera.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Crea la Comisión de coordinación en materia de investigación, un órgano colegiado con participación paritaria de los Ministerios de Ciencia e Innovación, Universidades y Sanidad. Su objetivo es acordar medidas para que la Administración funcione de forma cohesionada en investigación.

Modifica la composición de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia para adaptarla a la nueva estructura orgánica del Ministerio. La Comisión es el órgano que coordina la transformación digital dentro del departamento.

Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y regula su composición, funcionamiento y funciones. Es un órgano colegiado que impulsa y coordina internamente las políticas de administración digital en ese ministerio.

El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del País Vasco 5/2019, que modificó la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política entre 1978 y 1999. La sentencia interpreta varios preceptos de esa ley autonómica conforme al principio de exclusividad judicial.

Crea la Comisión de trabajo para el seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La comisión analiza y evalúa la evolución e impacto de la pandemia en la educación no universitaria y la formación profesional, y elabora recomendaciones en coordinación con las autoridades sanitarias y las comunidades autónomas.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears: la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas, una renta de emancipación para jóvenes tutelados y ayudas de urgencia social. Establece requisitos, importes, duración, gestión y régimen sancionador.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece el ingreso mínimo vital. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.