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Actualiza los procesos de verificación de identidad de los participantes en juegos de ámbito estatal. Cambia las comunicaciones que los operadores deben enviar a la Dirección General de Ordenación del Juego y regula el acceso telemático a la sección de personas difuntas del Registro Civil. También fija cuándo los operadores deben revisar la identidad y las prohibiciones de participación.