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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal sobre el impuesto municipal por la venta de terrenos urbanos.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de un propietario contra la resolución del Jurado de Expropiación de Galicia que fijaba el justiprecio de su finca. Anula la sentencia anterior y el acuerdo del Jurado, y reconoce el derecho a que el justiprecio se determine sin reducir la indemnización de los arrendatarios.

El Tribunal Supremo corrige el fallo de una sentencia anterior para añadir que se anula el párrafo segundo del apartado b) del artículo 6 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. También ordena publicar en el Boletín Oficial del Estado la parte dispositiva de la sentencia con esa corrección.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Ordena su publicación.

El Tribunal Constitucional declara nulos los preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales que obligan a calcular la base del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos con un sistema objetivo de aplicación imperativa. El tribunal considera que ese método puede vulnerar el principio de capacidad contributiva y la prohibición de confiscatoriedad.

Aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Huelva. Actualiza la zona de servicio portuaria para ajustarla a la realidad física del puerto y a la cartografía actual. Incluye nuevas superficies de agua y excluye terrenos como la estación ITV y la Comandancia de Marina.

Aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Castellón. Fija los límites de la zona de servicio terrestre y de aguas, incorpora terrenos para el nuevo acceso sur y excluye varias parcelas del dominio público portuario.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2021, de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación de edificios en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba la delimitación de espacios y usos del puerto de Eivissa, que fija qué zonas son portuarias y qué usos tienen. Además, excluye de la zona de servicio cuatro parcelas y desafecta terrenos declarados sobrantes en 1960.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2020 de la Comunidad de Madrid, que modifica la Ley del Suelo para impulsar la actividad urbanística. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y medidas en materia tributaria. Se ordena su publicación para conocimiento general.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, planteadas por un tribunal andaluz. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de una empresa contra una sentencia que anuló el artículo 12, párrafo primero, letra b) y el Anexo I del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. La sentencia confirma la nulidad de pleno derecho de esos preceptos.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley de suelo de Extremadura. Declara extinguida en parte la cuestión porque uno de los preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior, y considera conforme a la Constitución el precepto sobre la adaptación de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes a la nueva ley.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la Ley del suelo de Extremadura porque ese precepto ya había sido anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal. La cuestión la había planteado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.