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Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, los criterios para evaluar a los especialistas en formación y los requisitos que deben cumplir las Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria para ser acreditadas.

Actualiza en 2023 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos. No revisa el precio de determinados medicamentos esenciales para garantizar su suministro.

Actualiza en 2022 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Actualiza el catálogo común de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud. Concreta los productos incluidos en varios grupos: prótesis externas de miembro superior e inferior, ortoprótesis para agenesias, sillas de ruedas, ortesis y productos para la terapia del linfedema.

Fija en 2,94 euros por unidad el precio máximo de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico. El importe es final, con IVA o IGIC incluido, y también se aplica a tests de uso profesional autorizados para autodiagnóstico en farmacias. El acuerdo produce efectos desde el día siguiente a su publicación.

Actualiza los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, que regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria. Estos anexos recogen las patologías, técnicas y procedimientos atendidos en centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) que se compensan con cargo a ese Fondo.

Establece las bases para conceder ayudas a la investigación en salud dentro de la Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de I+D+I 2021-2023 y del Plan de Recuperación. Regula quién puede recibirlas, los gastos cubiertos, el procedimiento de solicitud y concesión, el pago y la justificación.

Actualiza en 2021 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Modifica los anexos del Real Decreto 1030/2006, que fija la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y de los Reales Decretos 1277/2003, sobre autorización de centros y servicios sanitarios. Incluye el Banco de ovocitos en el Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acuerda actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 para la festividad de San José y la Semana Santa de 2021. La resolución ordena publicar ese acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Actualiza en 2020 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que declara actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19. El acuerdo recoge medidas de control en ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados y consumo de tabaco y alcohol en la vía pública.

Establece que los medicamentos huérfanos quedan fuera del sistema de precios de referencia del Sistema Nacional de Salud. Se aplica cuando no hay alternativa terapéutica con la misma indicación o, si la hay, cuando el medicamento aporta un beneficio clínico relevante. El precio se revisa si se comprueba que es económicamente viable.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.

Establece que las comunidades autónomas pueden disponer de los centros privados de diagnóstico clínico que no trabajen para el Sistema Nacional de Salud, incluido su personal. Las pruebas de COVID-19 requieren prescripción de un facultativo y los casos confirmados deben notificarse a la autoridad sanitaria.