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El Ayuntamiento de Castellón de la Plana aporta 70.000 euros a ONU-Habitat para ejecutar el proyecto «Ciudades que se superan», que apoya la aplicación de los Planes de Acción de la Agenda Urbana Española en el municipio. ONU-Habitat recibe y administra los fondos y ejecuta las actividades del proyecto.

Establece el acuerdo de sede entre España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Regula el uso de locales cedidos al PNUD, el estatuto de su personal y los privilegios e inmunidades aplicables.

España ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. La Convención establece normas comunes para que una venta de buque ordenada por un juez tenga efectos de propiedad limpia en otros países firmantes.

Modifica el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes para incluir tres sustancias: el metoxicloro, el Declorano Plus y el UV-328. Fija qué usos y producciones quedan prohibidos y qué exenciones específicas se permiten.

El Acuerdo regula la presencia en España de una oficina de la Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC), con sede central en Turín. Fija el estatuto jurídico de sus locales y de su personal y prevé acuerdos administrativos con las autoridades españolas para el uso de esos locales.

Modifica varios artículos del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, una organización internacional que financia actividades relacionadas con productos básicos. El texto recibido fija nuevas definiciones, como las de capital, acciones, tipos de mayoría de voto y monedas utilizables.

España aporta 4 millones de euros más al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, gestionado por la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples del PNUD. El dinero se destina a la Ventanilla de Localización y se pagará en cuatro plazos anuales de un millón de euros.

Incluye dos productos químicos en el anexo III del Convenio de Rotterdam: el carbosulfán, como plaguicida, y el fentión en formulaciones de ultra bajo volumen de 640 g/l o más, como formulación plaguicida extremadamente peligrosa. Con ello quedan sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo en el comercio internacional.

Establece un acuerdo de colaboración entre la Diputación de Barcelona y ONU-Hábitat para apoyar la puesta en marcha de los planes de acción de la Agenda Urbana Española y las agendas urbanas locales en ciudades medianas. Se enmarca en la iniciativa «Ciudades que se superan» y en el acuerdo marco de cooperación entre España y ONU-Hábitat.

España se adhiere al Acuerdo sobre la conservación de las poblaciones de murciélagos en Europa, que obliga a proteger sus refugios y zonas de alimentación y a prohibir su captura o muerte deliberada sin permiso. El Acuerdo incluye 14 artículos y un anexo.

España se adhiere al Acuerdo europeo sobre grandes líneas de transporte internacional combinado e instalaciones conexas (AGTC), hecho en Ginebra el 1 de febrero de 1991. El Acuerdo establece un marco común para desarrollar líneas de ferrocarril y terminales que faciliten el transporte de mercancías usando más de un medio de transporte.

El acuerdo regula la colaboración entre el Ministerio del Interior y la oficina en España del ACNUR para que esta participe en el procedimiento de reconocimiento de protección internacional. El ACNUR aporta cinco puestos especializados de apoyo, interpretación y asistencia técnica, y el Ministerio financia esa participación.

Modifica los anexos A y B del Convenio de Minamata sobre el mercurio. Fija nuevas fechas límite para dejar de producir, importar o exportar productos con mercurio añadido, como pilas, lámparas, cosméticos y aparatos de medición.

España ratifica el Acuerdo de la ONU sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas fuera de la jurisdicción nacional (alta mar). El Acuerdo regula los recursos genéticos marinos, los mecanismos de gestión por áreas (incluidas áreas marinas protegidas), las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología.

Modifica la norma que regula el convenio especial con la Seguridad Social para incluir al Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) en la lista de organismos internacionales con sede en España cuyo personal español puede suscribir este convenio.

Aprueba el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y ordena su publicación en el BOE. El Plan fija líneas de actuación para evitar que se usen fondos o servicios financieros para fabricar o adquirir armas nucleares, químicas o biológicas.

España aporta 28 millones de euros al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, repartidos en 14 millones en 2025 y 14 millones en 2026. Con esta aportación, la contribución total de España al Fondo alcanza los 114 millones de euros y 10 millones de dólares.

El Acuerdo regula la organización en Sevilla de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, del 30 de junio al 3 de julio de 2025. Fija quién puede participar, qué locales y servicios aporta España y cómo se cubren los gastos.

Establece un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y ONU-Hábitat para el nombramiento de un coordinador nacional en comisión de servicio por el Gobierno de España. Ese coordinador trabajará en el Secretariado de la Coalición Local 2030 en Bilbao.