Buscar en el BOE

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución y se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El conflicto se refiere a la disconformidad del Gobierno con la tramitación de dos enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado a una proposición de ley orgánica sobre multirreincidencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado pidió que el Presidente del Gobierno compareciera ante su Pleno para informar sobre varios accidentes ferroviarios, y el Gobierno rechazó ese requerimiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado alega que el Gobierno no ha presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 y 2026, y cuestiona el uso de prórrogas presupuestarias en esos años.

El Tribunal Constitucional responde al requerimiento del Senado sobre si el artículo 2.4 del Tratado de amistad y cooperación con Francia contradice la Constitución. Ese artículo prevé que un miembro del Gobierno de una parte sea invitado al Consejo de Ministros de la otra al menos cada tres meses. El Tribunal declara que el requerimiento ha perdido su objeto porque el precepto ya no contempla esa presencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre el Gobierno y el Senado. El Gobierno impugna acuerdos del Senado que rechazaron su disconformidad con la tramitación de varias enmiendas a un proyecto de ley sobre pérdidas y desperdicio alimentario.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre el Senado y el Gobierno. El Senado impugna el acuerdo del Gobierno que rechazó por motivos presupuestarios la tramitación de cuatro enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado al Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

El Tribunal Constitucional declara extinguido el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de Cataluña 15/2021, que creó el fondo complementario de riesgos de la Generalitat. La extinción se debe a que la norma autonómica ya había sido anulada por la sentencia 121/2024.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Cataluña, que creó un fondo complementario de riesgos. La sentencia anula esa norma autonómica porque no se justificó la extraordinaria y urgente necesidad que exige el uso del decreto-ley.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2023 de la Comunidad de Madrid, que simplifica y mejora la eficacia de sus instituciones y organismos. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Catalunya, que crea el Fondo Complementario de Riesgos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Catalunya, que crea el Fondo Complementario de Riesgos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Fija la fecha desde la que los altos cargos deben relacionarse por medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses y aprueba los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. Deroga los modelos anteriores de 2015.