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El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo 4 del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito. Declara nulas las disposiciones que habilitan al Gobierno para elaborar un estatuto del becario y un reglamento de seguridad y salud de menores trabajadores.

Modifica varios artículos del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, una organización internacional que financia actividades relacionadas con productos básicos. El texto recibido fija nuevas definiciones, como las de capital, acciones, tipos de mayoría de voto y monedas utilizables.

España aporta 4 millones de euros más al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, gestionado por la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples del PNUD. El dinero se destina a la Ventanilla de Localización y se pagará en cuatro plazos anuales de un millón de euros.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.

Crea la Unidad de Seguimiento de la Estrategia Española de Financiación Climática Internacional, un órgano colegiado que impulsa esta estrategia y coordina a los ministerios implicados. La estrategia planifica los recursos que España destina a países en desarrollo en materia de clima.

Aprueba el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y ordena su publicación en el BOE. El Plan fija líneas de actuación para evitar que se usen fondos o servicios financieros para fabricar o adquirir armas nucleares, químicas o biológicas.

España aporta 28 millones de euros al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, repartidos en 14 millones en 2025 y 14 millones en 2026. Con esta aportación, la contribución total de España al Fondo alcanza los 114 millones de euros y 10 millones de dólares.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adhesión al Fondo de Ordenación para 2026. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos tienen un mes, ampliable 15 días, para solicitar la adhesión.

Establece las condiciones del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA para financiar con préstamos a empresas turísticas afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El mecanismo está dotado con 200 millones de euros y lo gestiona el ICO.

Modifica el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19. Cambia la composición del Comité Técnico de Inversiones, que pasa a tener 10 miembros, y concentra el seguimiento de los instrumentos financieros en la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

España aporta 16 millones de euros adicionales al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, gestionado por la Oficina de Fondos Fiduciarios del PNUD. La adenda también actualiza los datos bancarios de la cuenta del fondo.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

Establece el funcionamiento del Mecanismo REINICIA+FEPYME DANA, un fondo de 350 millones de euros en préstamos participativos, con parte no reembolsable, para pymes afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. Fija requisitos, ámbito geográfico y plazos de solicitud.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

El Tribunal Constitucional declara extinguido el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de Cataluña 15/2021, que creó el fondo complementario de riesgos de la Generalitat. La extinción se debe a que la norma autonómica ya había sido anulada por la sentencia 121/2024.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Cataluña, que creó un fondo complementario de riesgos. La sentencia anula esa norma autonómica porque no se justificó la extraordinaria y urgente necesidad que exige el uso del decreto-ley.

Acuerdo entre España y el Banco Europeo de Inversiones para aportar fondos españoles depositados en el banco al compartimento de los Estados miembros del Fondo Fiduciario ACP. El acuerdo fija las condiciones de esa contribución, la gobernanza de la plataforma, las comisiones, la contabilidad, la auditoría y la duración.

Regula la actividad y el funcionamiento del Fondo de Impacto Social (FIS), un fondo estatal sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El fondo financia proyectos de inversión de impacto social y medioambiental en España, de forma directa o a través de fondos de inversión.