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Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.

Establece el diseño y la estructura de la Oficina judicial en el País Vasco para los Tribunales de Instancia que se constituyen el 1 de julio de 2025. Organiza la oficina en un Servicio Común de Tramitación y un Servicio Común General, y regula sus funciones y el personal destinado en ellos.

Establece la estructura de las Oficinas de Justicia en los municipios de Navarra y de sus agrupaciones, en sustitución de los Juzgados de Paz, conforme a la Ley Orgánica 1/2025. Fija los centros de destino antes de aprobar las relaciones de puestos de trabajo y los procesos de acoplamiento del personal.

Crea las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios de Aragón, agrupando oficinas de municipios limítrofes de un mismo partido judicial. Cada agrupación tiene un municipio cabecera con personal de la Administración de Justicia que atiende a todas las oficinas integradas.

El Tribunal Constitucional declara nulo en parte el artículo 23 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que fijaba retribuciones distintas para los letrados coordinadores del gabinete técnico del Tribunal Supremo según pertenecieran o no a la carrera judicial. La nulidad se basa en la vulneración del principio de igualdad retributiva.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 23 de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, por posible vulneración de los artículos 14 y 23 de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Fija la fecha de entrada en funcionamiento de nueve juzgados de la programación de 2023 y cambia la fecha de tres juzgados en Canarias, que pasa del 30 de junio al 30 de septiembre de 2024. También establece cuándo son efectivas las agrupaciones para ampliar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Eleva a categoría de Magistrado o Magistrada los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar (Almería) y Sagunto (Valencia). Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y fija el régimen retributivo del personal destinado en esos juzgados.

Eleva a categoría de magistrado o magistrada los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario (Las Palmas), Navalcarnero (Madrid) y San Javier (Murcia). Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y fija el régimen retributivo del personal destinado en esos juzgados.

Fija las fechas en que empiezan a funcionar nueve juzgados creados por el Real Decreto 1050/2020 dentro del plan de unidades judiciales COVID-19. Tres juzgados de lo Social lo harán el 31 de marzo de 2021 y otros seis juzgados el 30 de junio de 2021.

Crea una Unidad Administrativa en la Administración de Justicia para apoyar a los juzgados de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Esta unidad forma parte del plan de refuerzo de la Justicia frente al COVID-19 y se ocupa de tareas administrativas de apoyo.