Buscar en el BOE

Regula cómo se organiza y funciona la Oficina Nacional de Evaluación, un órgano colegiado que analiza la eficiencia y sostenibilidad del gasto público y de los proyectos de colaboración público-privada. Establece su Pleno, su Unidad Técnica, los informes que debe emitir y los plazos para hacerlo.

Crea unidades territoriales de control financiero y una División de Control Financiero Permanente dentro de la Intervención General de la Seguridad Social. Regula sus funciones, su estructura y los medios materiales para desarrollar el control financiero de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Aprueba los modelos 234, 235 y 236 para declarar a Hacienda información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Regula quién debe presentarlos, su contenido, los plazos y la presentación electrónica.

Establece reglas entre España y el Reino Unido, en relación con Gibraltar, sobre residencia fiscal de personas y entidades, cooperación administrativa en materia fiscal e intercambio de información. También fija la aplicación en Gibraltar de normas de transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el periodo en que el control financiero permanente es la única modalidad de control para reconocer el derecho y la obligación de los expedientes del ingreso mínimo vital. El acuerdo surte efectos desde el 1 de enero de 2021.

Permite sustituir temporalmente la función interventora por el control financiero permanente en el sector público estatal mientras dure la situación excepcional por el COVID-19. El Interventor General de la Administración del Estado decide a qué expedientes, áreas y organismos se aplica mediante resolución.

Establece cómo los órganos de intervención de las entidades locales deben enviar al Tribunal de Cuentas, por vía telemática, información sobre el control interno que realizan. Sustituye la instrucción anterior de 2015 y adapta el envío al Real Decreto 424/2017.

Modifica el anexo 1 de la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales. Añade, entre la documentación que acompaña a esa cuenta, los informes de auditoría de las cuentas anuales de determinadas entidades dependientes de la entidad local.