Buscar en el BOE

La ley regula la política de vivienda en Andalucía: fija competencias de la Junta y los ayuntamientos, la planificación (Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), la calidad y rehabilitación de viviendas, el régimen de la vivienda protegida y la inspección y sanciones en materia de vivienda.

Modifica la ley cántabra de reconocimiento a las víctimas del terrorismo para ampliar y precisar las ayudas autonómicas complementarias a las estatales. Fija un porcentaje del 30 por 100 para daños personales y ayudas extraordinarias, reduce el requisito de empadronamiento y prevé efectos retroactivos y un plazo extraordinario de solicitud.

Prorroga durante 2026 y 2027 las bonificaciones y exenciones en tres tasas de Castilla y León: servicios veterinarios, licencias de caza de clases A y B y licencia de pesca, y expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales y duplicados.

La ley regula el impulso, fomento y promoción de la producción ecológica y de otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía. Incluye medidas de apoyo a la transformación, comercialización, consumo, investigación, formación y digitalización del sector, y crea un órgano consultivo y de participación.

Crea en Andalucía cuatro cuerpos de Agentes Medioambientales (Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo) y regula sus funciones, facultades, acceso, formación, medios y organización. También los integra en el sistema de emergencias 112 y fija su régimen disciplinario.

Regula el uso turístico de viviendas en Canarias: define qué es una vivienda de uso turístico, cómo encaja en el planeamiento urbanístico y qué declaración responsable debe presentarse para ejercer la actividad. Establece límites temporales a esa declaración y reglas de control e inspección.

Modifica el anexo del Decreto-ley 4/2025, que regula la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias. Añade tres diagnósticos del sistema nervioso, corrige un código de diagnóstico y traduce al castellano una tabla del sistema digestivo.

La ley regula la reconstrucción y recuperación tras una erupción volcánica en Canarias. Establece derechos de realojamiento y ayudas para las personas afectadas, y medidas en vivienda, economía, empleo, sanidad, educación, medio ambiente y patrimonio. También prevé un consorcio para coordinar la vuelta a la normalidad.

Regula cómo se valora y califica el grado de discapacidad en Canarias. Fija qué órganos deciden, cómo se inicia y tramita el procedimiento, cómo se resuelve y cómo se revisa el grado reconocido.

Modifica la Ley 12/2018 de servicios sociales de las Illes Balears para regular el copago de los usuarios en la atención a la dependencia. El copago se configura como prestación patrimonial pública no tributaria (tarifa), adaptando la norma a dos sentencias del Tribunal Supremo.

Declara oficialmente el 20 de diciembre de cada año como «Día del Justicia de Aragón». Añade esta fecha a la Ley que regula la institución y prevé actos conmemorativos organizados por las Cortes, el Gobierno de Aragón y el Justicia.

Establece medidas urgentes para reparar los daños y pérdidas causados por las tormentas e inundaciones ocurridas en Aragón entre el 12 de agosto y el 28 de septiembre de 2025. Incluye subvenciones y compensaciones para viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, empresas e infraestructuras públicas.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

La ley regula la gestión y modernización de las áreas de promoción industrial de las Illes Balears. Crea entidades de gestión para estas áreas, un registro de entidades y un sistema de información con un mapa de las áreas. También establece medidas de fomento de la competitividad y un plan autonómico.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2025, con la totalidad de gastos e ingresos del sector público y los beneficios fiscales. Incluye normas sobre personal, gestión del gasto, operaciones de crédito y actualización de tasas.

Modifica el artículo 87 de la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid sobre el personal funcionario interino. Permite ampliar hasta doce meses más, en casos excepcionales y con requisitos, los nombramientos para programas temporales que superen los tres años iniciales, como los de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Regula el voluntariado en Cantabria: define qué es, quiénes participan (personas voluntarias, entidades y personas destinatarias) y sus derechos y deberes. Crea instrumentos de planificación, fomento, formación y un registro de entidades, y fija las competencias de las administraciones.

Crea el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Cantabria. Fija su ámbito territorial en Cantabria y regula la colegiación, su normativa y sus relaciones con la Administración. La creación se aprueba mediante ley del Parlamento de Cantabria.

La ley reconoce a la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE) como universidad privada en Extremadura y fija su sede. Establece su régimen jurídico, estructura, requisitos de acceso, plazo de funcionamiento, inspección y financiación.