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Regula la concesión directa de una subvención a la Fundación «Manuel Giménez Abad» para organizar seminarios, congresos, jornadas, diálogos y publicaciones sobre el modelo territorial español. La ayuda se canaliza mediante un convenio con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Regula la concesión directa de subvenciones de vivienda y suelo durante 2026, sin convocatoria pública. Se destinan a realojos en la Cañada Real, a promover vivienda protegida de alquiler asequible o social y a la rehabilitación de edificios.

Modifica la Ley Foral 21/2005 para cambiar la adscripción y la composición de la Comisión Foral para la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos. La Comisión pasa a depender del Departamento de Presidencia e Igualdad.

La ley regula la simplificación administrativa en La Rioja: reduce trámites y cargas para ciudadanos y empresas, ordena la intervención administrativa, impulsa la transformación digital y fija reglas de calidad normativa y un régimen sancionador.

Modifica el Real Decreto 987/2021 para actualizar el calendario del programa de ayudas UNICO-Servicios públicos, que financia refuerzo de conectividad en centros públicos como hospitales, centros de salud y centros educativos. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones pasa a ser el 31 de diciembre de 2025.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 26/2010 de régimen jurídico de las administraciones públicas de Cataluña. Regula la cita previa en la atención presencial, amplía el derecho a una buena administración y reconoce el derecho a rectificar errores ante la Administración.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Regula la concesión directa de una subvención al Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona para organizar seminarios, congresos, jornadas y publicaciones sobre el modelo territorial español, incluido el Foro de las Autonomías, el Informe de Comunidades Autónomas anual y el Anuario del Gobierno Local.

Modifica el Real Decreto 692/2021 para ampliar hasta el 31 de enero de 2026 el plazo de justificación de las ayudas del Programa DUS 5000, destinadas a proyectos de energía limpia en municipios pequeños. El plazo para ejecutar las actuaciones no cambia.

Concede una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar su plan de formación para el empleo del personal de la Administración local en 2025. La norma fija la cuantía, la entidad beneficiaria, los gastos subvencionables y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Concede una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar su plan de formación para el empleo del personal de la Administración local. La norma fija la entidad beneficiaria, el importe, el pago, las obligaciones y la forma de justificar el gasto.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba el nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público independiente. El estatuto regula su naturaleza, fines, funciones, órganos, personal y régimen económico. Sustituye al estatuto aprobado en 2014.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Castilla y León. Crea un censo de bienes, establece las categorías de Bien de Interés Cultural y Bien Inventariado, y fija el procedimiento para declararlos. También regula las autorizaciones para intervenir en esos bienes y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública para coordinar los sistemas de vigilancia de la salud de la población. Regula sus fines, funciones, gobernanza, sistemas de vigilancia y laboratorios nacionales de referencia.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.