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Crea un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal y fija las reglas para inscribirse en él. Establece normas de conducta para los grupos de interés, un informe de huella normativa y un régimen de infracciones y sanciones.

Crea el procedimiento para que las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal sean reconocidas como colaboradoras de la Administración General del Estado. Fija los derechos y obligaciones de estas entidades, los requisitos y la documentación para solicitarlo, y crea una Comisión de Evaluación que instruye y resuelve.

Modifica el Real Decreto 188/2025, que regula las subvenciones y ayudas de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Aclara dudas interpretativas surgidas sobre el artículo 26, relativo a los gastos subvencionables y a su tratamiento presupuestario como gasto corriente.

Crea la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y aprueba sus estatutos. La agencia evalúa las políticas públicas para aportar evidencias a la toma de decisiones y sustituye al Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.

Crea la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y fija su composición y funcionamiento. La Comisión coordina y supervisa las actuaciones de los ministerios para aplicar el Plan, que se organiza en cinco ejes: prevención, protección de quienes informan, investigación y sanción, recuperación de activos y cultura de integridad.

Regula cómo se reparten entre comunidades y ciudades autónomas las personas menores de edad migrantes no acompañadas cuando se declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Fija el procedimiento de traslado, las actuaciones de las administraciones de origen y destino y el seguimiento de su cumplimiento.

Regula las subvenciones y ayudas públicas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Adapta la normativa general de subvenciones a las características de esta actividad y establece dos vías: concesión directa y concurrencia competitiva.

Regula cómo se organiza la Administración Digital del Estado y qué órganos e instrumentos intervienen. Crea la Agencia Estatal de Administración Digital y fija el modelo de gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Establece la planificación y los informes técnicos en la contratación de estas tecnologías.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

Crea la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Regula su naturaleza, sus funciones de investigación, el procedimiento, la organización y su financiación.

Establece un marco común para evaluar las políticas públicas en la Administración General del Estado. Crea órganos y planes de evaluación, fija criterios e indicadores y regula cómo se usan los resultados en la toma de decisiones.

Modifica el Real Decreto que regula la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado. Adapta su organización y funcionamiento a la nueva estructura del Ministerio de Política Territorial e incorpora la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio. También establece la coordinación con los órganos colegiados de asistencia al Delegado del Gobierno.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Regula la concesión directa de una subvención a la Generalitat de Cataluña para compensar los gastos de gestión de los convenios con la Administración General del Estado para tramitar becas y ayudas al estudio. La subvención se paga con cargo al presupuesto de 2021.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Estado al Seguro Agrario. Cambia el Real Decreto 425/2016, que regula la concesión de estas ayudas a los agricultores que contratan seguros agrarios.

Aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE O.A.), adscrito al Ministerio del Interior. Regula sus funciones, órganos de gobierno, personal, patrimonio, recursos económicos y los procedimientos para enajenar, adquirir y permutar bienes inmuebles.

Reorganiza varios organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y los integra en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También modifica el Estatuto del CSIC y la estructura orgánica del Ministerio de Ciencia e Innovación.