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Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para el ejercicio presupuestario 2026. El dinero financia la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas ayudas financian la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos durante el ejercicio presupuestario 2025.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado, que regula su organización, sus competencias y su forma de funcionar. Sustituye al Reglamento del Servicio Jurídico del Estado de 2003 y desarrolla la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas subvenciones financian la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos durante el ejercicio presupuestario 2024.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de la abogacía y la procura. Regula los requisitos de titulación, los cursos de formación especializada, las prácticas externas y la prueba de evaluación de la aptitud profesional.

Modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para exigir que los abogados del turno de oficio especializado en violencia de género no tengan antecedentes penales por violencia de género. Así se asegura una defensa de calidad y una relación de confianza con las víctimas.

Modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para reforzar el sistema español de investigación. Cambia contratos laborales del personal investigador, crea la Agencia Espacial Española y regula planes de igualdad y financiación en I+D+I.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Modifica la Ley 34/2006 para unificar el acceso a las profesiones de abogado y procurador: se exige el mismo título de Derecho y el mismo máster para ambas, y quien supere la evaluación podrá ejercer una u otra con la colegiación. También cambia el régimen de sociedades profesionales y el sistema de aranceles de la procura.

Modifica el Reglamento de la Ley que regula la responsabilidad penal de los menores para que el acuerdo que impone una sanción a un menor internado se notifique siempre a su abogado defensor y al Ministerio Fiscal. Además, prorroga los nombramientos de abogados fiscales sustitutos para el año judicial 2021-2022.

Aprueba el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, que sustituye al de 2001. Regula la profesión de abogado: colegiación, ejercicio, incompatibilidades, secreto profesional, honorarios, formas de ejercicio, deontología, formación y organización colegial.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.