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Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la violencia vicaria en las relaciones entre padres e hijos. Cambia los artículos sobre guarda, estancias y relaciones personales cuando hay indicios de violencia machista o familiar. Incluye una disposición sobre expedientes en trámite y su entrada en vigor.

Regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. El bono es una ayuda al alquiler para jóvenes. El plan incluye varios programas de ayudas y actuaciones en vivienda.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista. La FEMP gestiona el servicio telefónico ATENPRO, que atiende a las víctimas las 24 horas.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

Modifica la ley gallega contra la violencia de género para incluir la violencia vicaria como una forma de violencia de género. Se entiende por violencia vicaria el homicidio, asesinato u otra violencia sobre los hijos o personas cercanas a la mujer para causarle daño psicológico. El reconocimiento como víctima tiene efectos retroactivos.

Prorroga medidas de protección social que terminaban el 9 de agosto de 2021 para personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Incluye medidas en materia de vivienda y de violencia de género, y modifica normas anteriores para mantener su vigencia.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Declara servicio esencial la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma por COVID-19. Garantiza el funcionamiento de los servicios de información, acogida y seguimiento telemático, y regula el uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Modifica la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, para ampliar su ámbito de aplicación y reforzar la protección de las mujeres víctimas. Incluye la violencia institucional como forma de violencia machista y añade y cambia varios artículos de la ley.

Establece ayudas económicas para personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por la COVID-19, para el sector cultural y para los precios de los servicios sociales. También modifica el Decreto ley 25/2020 en materia social y fiscal.

Actualiza las cuantías, los criterios y el procedimiento para repartir entre los ayuntamientos las transferencias destinadas a financiar nuevas o ampliadas competencias locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Regula el destino, la distribución, la ejecución y la justificación de esos fondos.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para gestionar el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO). Establece las actuaciones financiadas, las beneficiarias del servicio, la financiación, el procedimiento de concesión y pago, y las obligaciones de la entidad beneficiaria.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Establece un régimen transitorio para conceder indemnizaciones y ayudas a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, mientras se modifica el Decreto 80/2015. Regula la competencia, las solicitudes y la documentación necesaria.