Buscar en el BOE

Modifica el Real Decreto 1042/2021 para ampliar el plazo de ejecución de la subvención concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esa subvención financia la modernización de los servicios de atención a víctimas de violencia machista y la creación del Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección (CEC-ATENPRO) en Alcorcón.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica las normas de los planes estatales de vivienda y del Bono Alquiler Joven. Permite que la Comisión de Seguimiento de cada convenio valore si la atención prioritaria a personas vulnerables ya está cubierta por otras ayudas autonómicas o locales. También cambia el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y los programas de rehabilitación del Plan de Recuperación.

Modifica el Reglamento de destinos del personal militar profesional. Cambia las reglas para asignar destinos a parejas de militares, a víctimas de violencia de género o sexual y a militares denunciados por acoso. También fija límites para destinar a cierto personal y regula los destinos en la Jurisdicción Militar.

La ley regula en La Rioja la prevención, detección y atención de la violencia de género. Establece medidas educativas, sanitarias, sociales, laborales, económicas y de vivienda, además de asistencia jurídica, atención policial y reparación para las víctimas.

Establece las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Igualdad. Amplía sus competencias a todas las formas de violencia contra las mujeres y regula sus órganos: Pleno, Comisión permanente y grupos de trabajo.

Modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para exigir que los abogados del turno de oficio especializado en violencia de género no tengan antecedentes penales por violencia de género. Así se asegura una defensa de calidad y una relación de confianza con las víctimas.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Regula la concesión directa de una subvención a la Fundación ANAR para desarrollar actuaciones de prevención integral de la violencia contra niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. Fija la entidad beneficiaria, las actuaciones y gastos financiables, el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación.

Modifica el Real Decreto 1023/2020, que regula las cuantías, los criterios y el procedimiento para repartir entre los ayuntamientos las transferencias destinadas a financiar actuaciones contra la violencia de género en el marco del Pacto de Estado.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de tasas y tributos propios, y en normas administrativas sobre violencia de género, discapacidad, economía circular, investigación, seguros agrarios, policía local y urbanismo. Acompaña a los presupuestos de 2022 de la comunidad.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la protección de los hijos e hijas menores de edad que quedan huérfanos cuando su madre es asesinada por violencia de género. Incluye medidas sobre pensión, trámites sucesorios y asistencia jurídica.

Modifica la ley gallega de prevención y tratamiento de la violencia de género para incluir la violencia digital como una forma de violencia de género. Define la ciberdelincuencia contra la mujer y regula conductas como el acoso por redes sociales, la difusión de imágenes sin consentimiento o la usurpación de identidad.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.