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Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Modifica varios reales decretos que aplican en España la Política Agrícola Común (PAC) del periodo 2023-2027. Ajusta normas sobre derechos de ayuda básica a la renta, pastos permanentes y otras obligaciones, tras el primer año de aplicación del Plan Estratégico Nacional.

Modifica el Real Decreto 1311/2012, que regula el uso sostenible de los productos fitosanitarios. Añade reglas para calcular indicadores de uso de estos productos en cada explotación agrícola y valores de referencia nacionales, y regula controles y actuaciones.

Crea y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), el Registro autonómico de explotaciones agrícolas (REA) y el Cuaderno digital de explotación agrícola (CUE). Reúne en un solo sistema informático datos agrarios que ahora están dispersos y pone a disposición de los productores herramientas digitales gratuitas.

Modifica la Ley de Administración Local de La Rioja para permitir que los concejales participen y voten de forma telemática en los órganos municipales cuando no puedan asistir presencialmente por circunstancias extraordinarias. Añade los artículos que regulan ese procedimiento y habilita su desarrollo reglamentario.

Establece qué datos deben comunicar electrónicamente a la Administración las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) sobre sus servicios. Excluye los datos personales de los usuarios y crea un registro de comunicaciones. Sustituye un artículo anulado por el Tribunal Supremo.

Modifica la normativa que ordena el Boletín Oficial del Estado para regular la publicación del Tablón Edictal Judicial Único. Este tablón electrónico reúne en un solo lugar las resoluciones y comunicaciones judiciales que antes se publicaban en tablones y boletines oficiales distintos.

Establece las normas sobre la formación y los conocimientos exigidos a los distribuidores de seguros y reaseguros y a su personal. Regula también sus obligaciones contables, los libros-registro y la remisión de información estadístico-contable a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Establece cómo deben actuar y funcionar las administraciones públicas por medios electrónicos. Regula los portales de internet, las sedes electrónicas, la identificación y firma electrónica, los registros y notificaciones electrónicas, el expediente administrativo electrónico y la colaboración entre administraciones.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Adapta la normativa española al Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Regula los certificados electrónicos, las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores de estos servicios, su supervisión y las sanciones por incumplir. También modifica otras leyes para ajustarlas a este marco.

Aprueba un sexto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye compensaciones a concesionarias de transporte interurbano, ajustes en la renta garantizada, autorizaciones excepcionales para energía eólica y varias medidas tributarias y de apoyo al personal sanitario y a las empresas.

Regula el traslado de residuos dentro de España. Establece los requisitos comunes a todos los traslados, como el contrato de tratamiento y el documento de identificación, y los específicos, como la notificación previa y la oposición al traslado. También regula la vigilancia, el control y la inspección.

Añade una disposición adicional a la Ley 29/2010 para permitir que el Gobierno de la Generalitat y el Consejo Técnico celebren sus sesiones a distancia, mediante medios electrónicos, en situaciones de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.