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Modifica dos reales decretos que regulan ayudas del Plan de Recuperación para el campo y la ganadería. Amplía la vigencia de los programas de apoyo, aclara quiénes pueden recibir las ayudas y qué actuaciones pueden hacer directamente las comunidades autónomas, y adapta la normativa de ayudas de Estado.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

Modifica las condiciones que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de vehículos que transportan animales vivos, alimentos para animales y subproductos de origen animal. Facilita la creación de nuevos centros y permite excepciones a los ya existentes, y suprime la exigencia de que ciertos viajes de bajo riesgo se hagan dentro de la misma comunidad autónoma para que el certificado sea válido.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Regula la concesión directa de subvenciones para 2022 destinadas a financiar el proyecto «Financiación de formación (microcréditos)», dentro de la inversión de adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el Componente 23 de políticas de empleo.

Establece que la educación de los niños matriculados en el tercer nivel de educación infantil (de 2 a 3 años) en centros públicos y en la red complementaria sea gratuita desde septiembre de 2022. También crea un fondo para compensar parte de los descuentos del transporte interurbano entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para financiar servicios de movilidad territorial en la provincia de Cuenca. La subvención se enmarca en un proyecto integral de movilidad acordado con varias administraciones para mejorar el acceso a servicios básicos en zonas rurales.

Concede una subvención directa al Ayuntamiento de Cuenca para financiar un servicio público de autobús entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel. Regula el procedimiento, las obligaciones del ayuntamiento, la cuantía, el pago y la justificación.

Modifica el Real Decreto 640/2007 para actualizar las excepciones a las normas sobre tiempos de conducción y descanso y uso del tacógrafo en el transporte por carretera. Reformula algunas excepciones, añade otras nuevas y actualiza las referencias a la normativa europea.

Establece una compensación económica extraordinaria para las empresas que prestan servicios de transporte público regular de personas por carretera en las Illes Balears, para paliar los efectos de la COVID-19 durante el año 2021. Regula también el procedimiento para solicitar y tramitar esa compensación.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la norma sobre cualificación de conductores. Exime de autorización administrativa a ciertos vehículos de mercancías con combustibles alternativos y elimina el requisito de antigüedad media de la flota para las autorizaciones de transporte público de mercancías.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Modifica normas del transporte de mercancías por carretera para mejorar la sostenibilidad del sector y el funcionamiento de la cadena logística. También regula el desplazamiento de conductores en el transporte internacional y permite revisar de forma excepcional los precios de contratos públicos de obras.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Establece las bases para conceder subvenciones a inversiones en bioseguridad: mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos que transportan ganado, y mejoras en instalaciones de productores de materiales vegetales de reproducción. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y abarca convocatorias de 2021, 2022 y 2023.

Modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para crear nuevas infracciones y sanciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. También cambia otras normas sobre gestión del transporte y las infraestructuras.

El Decreto-ley regula el transporte público regular de viajeros por carretera en Extremadura para adaptarlo a la crisis sanitaria. Establece un régimen de transporte a la demanda y compensaciones económicas a las empresas que cumplen obligaciones de servicio público. También modifica la Ley del comercio ambulante para dar más autonomía a los ayuntamientos.