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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Modifica las normas sobre nutrición sostenible de suelos agrarios. Ajusta el cuaderno de explotación y el plan de abonado, añade medidas para reducir emisiones de amoniaco y lixiviación, y flexibiliza el uso de estiércoles y abonos orgánicos.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. Actualiza esa norma para incorporar al derecho español una directiva europea sobre esta materia.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Regula cómo se pueden conceder exenciones al cumplimiento de la normativa europea sobre sustancias y mezclas químicas (REACH y CLP) por razones de defensa. Fija los supuestos, las obligaciones de las empresas y el procedimiento de solicitud ante la autoridad competente.

Modifica tres normas sobre contaminación: la que regula la calidad del aire, la de emisiones industriales y la de garantías financieras en residuos. Con ello actualiza el marco para evaluar y controlar la contaminación atmosférica y las emisiones de las industrias.

Establece el régimen jurídico de los envases y sus residuos en España. Fija objetivos de prevención, reutilización, reciclado y valorización, y regula la responsabilidad ampliada del productor, los sistemas de depósito y devolución y las obligaciones de información y control.

Regula la comercialización y el uso de sustancias que pueden servir para fabricar explosivos caseros. Establece un sistema de licencias para particulares y obligaciones de control para las empresas que las venden. También fija infracciones y sanciones.

Crea un fondo de compensación para las personas que sufren enfermedades causadas por el amianto. El fondo paga compensaciones sin necesidad de demostrar culpa y se financia con recursos económicos previstos en la ley. Regula quiénes pueden beneficiarse y cómo se tramitan las solicitudes.

Modifica el Real Decreto 1802/2008 para adaptar la normativa española sobre sustancias y mezclas químicas peligrosas al Reglamento europeo REACH. Ajusta las disposiciones nacionales que se mantenían sobre fichas de datos de seguridad y comunicación de riesgos en la cadena de suministro.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. La norma adapta la regulación española al derecho de la Unión Europea.

Regula los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que deben cumplir los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. También crea el sistema de garantías de origen para el gas procedente de fuentes renovables.

Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a las personas trabajadoras frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. Actualiza la norma para incorporar al derecho español la Directiva (UE) 2017/2398, que cambia la lista de sustancias y procedimientos y los valores límite de exposición profesional.

Modifica dos normas sobre residuos: la de pilas y acumuladores y la de aparatos eléctricos y electrónicos. Incorpora al derecho español una directiva europea sobre jerarquía de residuos y sobre la comunicación de datos de gestión de residuos.

Modifica el Real Decreto 665/1997 para actualizar la protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos y mutágenos. Añade a la lista los trabajos con exposición al polvo respirable de sílice cristalina e incorpora nuevos agentes y sus valores límite de exposición profesional.