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Modifica la Ley de Urbanismo de Cataluña y otras normas para adaptar la ordenación del territorio, el urbanismo y la contratación pública a los municipios rurales. Desarrolla medidas de la Ley 8/2025 del Estatuto de municipios rurales para favorecer el arraigo, la repoblación y el equilibrio territorial.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Modifica varias leyes del País Vasco para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas de suelo, urbanismo, vivienda protegida, medio ambiente, turismo y garantía de ingresos. Incluye medidas sobre reservas de vivienda protegida y plazos de tramitación.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Regula la concesión directa de subvenciones en materia de vivienda y suelo durante 2025, sin convocatoria pública. Incluye ayudas para los realojos de la Cañada Real y para promover viviendas de alquiler asequible o social en Barcelona y Sevilla.

Modifica las normas de nutrición sostenible de los suelos agrarios. Ajusta obligaciones sobre el cuaderno de explotación y el plan de abonado, y facilita el uso de estiércoles y abonos orgánicos. También fija cuándo empiezan a aplicarse estas obligaciones.

Modifica normas de urbanismo y de energías renovables para agilizar la construcción y explotación de instalaciones renovables y de almacenamiento en Cataluña, tras el apagón del 28 de abril de 2025. Prioriza estas instalaciones y su infraestructura conexa.

Modifica la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para permitir que la reserva para inversiones en Canarias (RIC) se use en comprar o construir viviendas en las islas destinadas a alquiler habitual. También permite aplicar la reserva a inversiones que creen empleo relacionado con esas viviendas.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra y la ley de ordenación del territorio y urbanismo. Regula los requisitos de acceso a viviendas protegidas, el censo de solicitantes y el procedimiento de adjudicación con reservas, tramos de renta y baremos.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda y movilizar viviendas vacías. También cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, barrios y equipamientos comerciales.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Modifica las normas sobre nutrición sostenible de suelos agrarios. Ajusta el cuaderno de explotación y el plan de abonado, añade medidas para reducir emisiones de amoniaco y lixiviación, y flexibiliza el uso de estiércoles y abonos orgánicos.

Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de la Política Agrícola Común en España, en concreto en los sectores de frutas y hortalizas, vitivinicultura y apicultura, y en aspectos del ejercicio de la actividad agraria. Incluye cambios en el régimen de penalizaciones por declaraciones incorrectas de superficies en los pagos directos.

Modifica el artículo 85 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco para fijar por separado los plazos de suspensión de licencias, aprobaciones y autorizaciones urbanísticas. La suspensión acordada antes de la aprobación inicial dura como máximo un año y no se descuenta del plazo posterior.

Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Reglamento de la Administración Pública del Agua y el Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados. Actualiza la gestión del agua continental y del dominio público hidráulico, con medidas de simplificación administrativa y digitalización.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Modifica la ley de vivienda de Extremadura y crea un impuesto sobre las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. También crea el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda y un mecanismo de garantía de alojamiento o realojamiento del menor.