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La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Modifica el Real Decreto 615/2007, que regula la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales de familiares en situación de dependencia. Cambia el cálculo del convenio especial cuando la persona cuidadora reduce su jornada laboral para atender al familiar.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

Modifica la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción para coordinarla con el Ingreso Mínimo Vital estatal. Ajusta requisitos y trámites de la prestación canaria y prevé la cesión de datos de sus perceptores a la Seguridad Social.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Modifica varias normas tributarias de Navarra, como el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y la Ley General Tributaria, para mejorar el control y luchar contra el fraude fiscal. También incorpora normas europeas contra la elusión fiscal y medidas para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Además, actualiza precios de viviendas protegidas y la ley de ordenación del territorio.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Aprueba medidas sociales complementarias de protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. Crea un subsidio especial por desempleo y amplía el acceso a la prestación para artistas, personal técnico y auxiliar de la cultura y profesionales taurinos.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Regula una ayuda para la compra de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud en Canarias. Está dirigida a pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con renta anual inferior a 18.000 euros. La norma fija quién puede recibirla, cómo se acredita, su cuantía, el abono y el procedimiento de gestión.

Modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil tengan representación en la Junta de Gobierno del ISFAS, igual que las de las Fuerzas Armadas. Corrige así lo anulado por el Tribunal Supremo en 2018.

Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.

Aprueba medidas de apoyo al sector cultural para paliar el impacto económico del COVID-19. Incluye subvenciones directas, acceso extraordinario al desempleo para artistas, ayudas a las artes escénicas, la música, el cine, el libro y el arte contemporáneo, y beneficios fiscales para varios eventos culturales.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.