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Crea un procedimiento para comprobar si los campings de Cataluña situados en zonas con riesgo de inundación son viables y seguros para las personas. Regula dos comisiones (Técnica y de Gobierno) que tramitan, proponen y resuelven cada caso, y prevé medidas provisionales y de seguimiento.

Crea una línea de avales del Estado para que las entidades financieras cubran la financiación de empresas afectadas por los aranceles de Estados Unidos. También modifica normas sobre presupuestos, apoyo a emprendedores y suspensión de la disolución por pérdidas, y fija criterios de reparto territorial de los fondos.

Aprueba el Reglamento de reutilización del agua, que regula cómo se producen, suministran y usan las aguas regeneradas. Establece autorizaciones y concesiones, requisitos de calidad, control del riesgo y régimen sancionador, y modifica otras normas sobre gestión del agua.

Aprueba el Esquema Nacional de Seguridad de las redes y servicios 5G, que fija objetivos, análisis y gestión de riesgos, medidas de seguridad y obligaciones para operadores, suministradores y usuarios corporativos. También regula la inspección y el régimen sancionador.

Modifica dos normas sobre inversión: el sistema de indemnización a inversores (FOGAIN) y el reglamento de instituciones de inversión colectiva. Adapta la normativa española al nuevo régimen europeo de capital para empresas de servicios de inversión.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Regula el Esquema Nacional de Seguridad, el marco común que deben cumplir las administraciones públicas para proteger sus sistemas de información. Establece principios básicos, requisitos mínimos de seguridad, auditorías y categorías de seguridad de los sistemas.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña para cubrir las reclamaciones que se presenten contra empleados públicos, altos cargos y miembros del Gobierno por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Regula su finalidad, dotación mínima, gestión, riesgos cubiertos y condiciones para solicitar la cobertura.

Modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica para actualizar el contenido y la tramitación de los planes hidrológicos de cuenca y de los planes especiales de sequía. Regula cómo se publican y notifican esos planes y cómo se elaboran, aprueban, siguen y actualizan los planes de sequía y los de emergencia para abastecimiento.

Modifica tres reales decretos sobre entidades financieras: las sociedades de reafianzamiento, el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público y el desarrollo de la ley de ordenación y solvencia de entidades de crédito. Adapta estas normas al marco europeo de supervisión bancaria.

Modifica el Plan General de Contabilidad, el de Pequeñas y Medianas Empresas, las normas de cuentas anuales consolidadas y las de entidades sin fines lucrativos. Adapta estos textos a los nuevos criterios contables de la Unión Europea sobre instrumentos financieros y sobre ingresos por contratos con clientes.

Modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para adaptar las normas sobre deterioro de créditos de entidades financieras a la Circular 4/2017 del Banco de España y para precisar cómo los grupos multinacionales presentan la información país por país.

Regula la concesión directa de subvenciones para financiar planes piloto que reduzcan el riesgo de inundación en edificaciones, equipamientos e instalaciones existentes en cinco municipios de Murcia. Las ayudas se destinan a actuaciones de adaptación frente a inundaciones en esas zonas.

Crea la figura del consumidor electrointensivo: empresas cuya producción depende mucho de la electricidad. Regula cómo se certifican, qué obligaciones tienen y crea ayudas para compensar cargos eléctricos y cubrir riesgos de compra de energía a largo plazo.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.