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Establece el marco de la política demográfica y territorial de Extremadura para afrontar la despoblación. Crea órganos de coordinación, una Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial y un informe anual con indicadores. Regula medidas en agricultura, desarrollo rural, urbanismo, vivienda, servicios públicos, empleo, familias, cultura, industria e igualdad.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de tasas y tributos propios, y en normas administrativas sobre violencia de género, discapacidad, economía circular, investigación, seguros agrarios, policía local y urbanismo. Acompaña a los presupuestos de 2022 de la comunidad.

La ley establece medidas para agilizar trámites en Canarias en costas, energía eléctrica, turismo y actividades clasificadas. Incluye una declaración responsable para obras en construcciones anteriores a la Ley de Costas, reduce plazos de autorización eléctrica y simplifica la renovación turística.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022: fija los créditos iniciales y su financiación, regula los gastos de personal, el endeudamiento, la gestión presupuestaria y las tasas. Incluye fondos europeos para la reactivación económica.

Modifica las normas sobre la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para adaptarla a su nueva clasificación como parte del sector público. Elimina los límites a la participación del Estado en su capital y regula cómo el FROB puede adquirir participaciones y tomar el control de la sociedad.

Crea dos agencias públicas de Andalucía: la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), que agrupa varios organismos de apoyo a la empresa, y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). Regula su naturaleza, fines, órganos de gobierno, personal y recursos.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, que fija las políticas activas de empleo y de intermediación laboral en todo el Estado. La Estrategia se elabora con las comunidades autónomas y los agentes sociales y se aplica mediante los Planes Anuales de Política de Empleo.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

Establece el modelo de organización y las reglas para planificar, gestionar y controlar en Canarias los fondos europeos de recuperación «Next Generation EU». Incluye medidas para agilizar trámites administrativos, de personal, presupuestarios, de contratación y de subvenciones vinculados a esos proyectos.

Establece la organización de la Administración de Extremadura para gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza y coordinación, y fija reglas especiales de personal, administración digital, presupuesto, subvenciones, contratación y evaluación ambiental para ejecutar esos fondos.

Modifica la Ley 10/2018 de la Región de Murcia para adaptarla a una sentencia del Tribunal Constitucional. Cambia normas sobre renovación hotelera, suspensión de planeamiento urbanístico, modificaciones de actividades contaminantes y regularización de actividades.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar actuaciones y proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, gestión, tramitación y control de estos fondos, con especialidades en convenios, presupuestos, subvenciones, contratación y personal.

Establece en Navarra las reglas para programar, presupuestar, gestionar y ejecutar actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU). También agiliza trámites administrativos, de subvenciones y de contratación, y fija medidas en el sector eléctrico.

Crea el Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias (CAPECC), con sede en Canarias, y regula su composición y funciones. Este consejo sustituye al anterior Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental. Su objetivo es fomentar la internacionalización de la economía canaria.