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Modifica el Real Decreto 773/1997 para adaptar sus anexos a la Directiva (UE) 2019/1832. Actualiza la terminología y la clasificación de riesgos de los equipos de protección individual para que coincidan con el Reglamento (UE) 2016/425.

Establece la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva en España. Fija denominaciones, definiciones, obligaciones de trazabilidad, instalaciones, aceites y envases, prácticas prohibidas y control oficial. Sustituye la regulación anterior de 1983 con una norma específica para estos productos.

Modifica el Reglamento de Circulación Ferroviaria para aplazar la fecha límite del cambio del sistema de seguridad ASFA analógico al digital en la red de ancho métrico, que estaba fijada para el 1 de julio de 2021.

Regula cómo se certifica oficialmente que los vegetales y productos vegetales españoles cumplen los requisitos fitosanitarios del país de destino antes de exportarlos. Establece obligaciones para exportadores, entidades auditoras, agentes de control y laboratorios, y el procedimiento para expedir los certificados.

Modifica el Real Decreto 665/1997 para actualizar la protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos y mutágenos. Añade a la lista los trabajos con exposición al polvo respirable de sílice cristalina e incorpora nuevos agentes y sus valores límite de exposición profesional.

Regula cómo se aplican en España las normas europeas de higiene en la producción y venta de alimentos. Establece excepciones y adaptaciones para ciertos establecimientos y productos, y fija qué actividades quedan fuera de esas normas, como el consumo doméstico privado y el suministro directo de pequeñas cantidades.

Modifica la norma de calidad de la miel para exigir que en la etiqueta figure el país o los países de origen donde se recolectó la miel. En las mezclas de mieles ya no se podrá sustituir esa mención por «mezcla de mieles de la UE» o «no procedentes de la UE».

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.