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Crea en el Ministerio de Justicia el Registro Central de Titularidades Reales, único para todo el país, y aprueba su reglamento. El registro reúne datos sobre quién es el titular real de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica españolas, y regula quién puede acceder a esa información y cómo.

Aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son órganos técnicos que auxilian a la Justicia con pruebas periciales médicas y de laboratorio. Regula su organización, personal, actividades de formación e investigación y colaboración con otras instituciones.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Actualiza la estructura orgánica del Ministerio de Justicia y de la Abogacía General del Estado. Corrige el reparto de funciones entre sus centros directivos y aclara el régimen de tratamiento de datos y de servicios digitales. También modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

Establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado y regula la inspección de sus servicios. También fija normas sobre el personal que trabaja en ella, incluidos los Abogados del Estado.

Regula cómo se eligen en España los candidatos a Fiscal Europeo y a Fiscal Europeo Delegado. Fija los requisitos, la comisión de selección, la convocatoria y el procedimiento de selección, y la publicación de la propuesta y su comunicación a la Fiscalía Europea.

Amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal con la creación de sesenta plazas y fija la plantilla de la Carrera Fiscal. Se tramita a propuesta del Ministerio de Justicia, con informe del Fiscal General del Estado y oído el Consejo Fiscal.

Modifica la estructura orgánica de los ministerios de Justicia, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Defensa. Reorganiza órganos y unidades, suprime algunos y adapta el Servicio Jurídico del Estado.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Reorganiza los ministerios del Gobierno. Crea el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Política Territorial, y suprime el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Fija la lista de 22 departamentos ministeriales.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al nuevo Registro Civil único, informatizado y electrónico, y cambia el Código Penal para completar la trasposición de una directiva europea contra el blanqueo de capitales. Los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo serán los encargados del Registro Civil.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

Regula cómo se eligen las candidaturas que España propone para jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, miembros del Tribunal General y jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fija la convocatoria pública, los requisitos y un comité de selección.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia hasta el nivel de subdirección general y actualiza la organización interna de la Secretaría de Estado de Justicia. También modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.