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Crea la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Regula su naturaleza, sus funciones de investigación, el procedimiento, la organización y su financiación.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a participar en un aumento de capital de la sociedad pública Zalia para que el Principado pase a tener una posición mayoritaria. La operación se hace capitalizando el préstamo participativo que el Principado ya había aportado, con sus intereses.

Modifica el Real Decreto 707/2015, que regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Aclara cuándo y en qué cuantía se exigen las aportaciones obligatorias al Fondo y su régimen contable. Incluye una disposición transitoria sobre la amortización de la deuda bancaria pendiente del Fondo.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para crear nuevas infracciones y sanciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. También cambia otras normas sobre gestión del transporte y las infraestructuras.

Introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable y prevé una protección reforzada para ella en las relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta el nivel de subdirección general. Define los órganos del ministerio y sus competencias en infraestructuras, transportes, vivienda, suelo y agenda urbana.

Desarrolla el régimen de las extracciones marítimas de buques y bienes naufragados o hundidos previsto en la Ley de Navegación Marítima. Regula las autorizaciones para explorar, localizar y extraer esos restos, y los concursos para extraer bienes de propiedad del Estado.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.