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Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones que ejercía en los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías. El traspaso se acordó en la Comisión Mixta el 11 de marzo de 2024.

Desarrolla en España la normativa europea para agilizar los trámites de autorización y contratación de los proyectos de la red transeuropea de transporte (RTE-T). Fija plazos máximos para conceder autorizaciones y crea una autoridad encargada de coordinar esos trámites.

Establece, actualiza y suprime varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en seis familias profesionales: Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Hostelería y Turismo, Imagen Personal, Instalación y Mantenimiento y Seguridad y Medio Ambiente.

Modifica el Reglamento de Circulación Ferroviaria para cambiar los plazos de adaptación de las señales y los focos de cabeza de los trenes. Busca coordinar el calendario nacional con el europeo y evitar que los vehículos tengan que pararse dos veces por adaptaciones distintas.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Establece nuevas cualificaciones profesionales de las familias Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, y Fabricación Mecánica, y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Además, suprime una cualificación de la familia Energía y Agua que había fijado el Real Decreto 716/2010.

Autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a participar en un aumento de capital de la sociedad pública Zalia para que el Principado pase a tener una posición mayoritaria. La operación se hace capitalizando el préstamo participativo que el Principado ya había aportado, con sus intereses.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para financiar servicios de movilidad territorial en la provincia de Cuenca. La subvención se enmarca en un proyecto integral de movilidad acordado con varias administraciones para mejorar el acceso a servicios básicos en zonas rurales.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Modifica el Reglamento del Sector Ferroviario para añadir un sistema de reclamaciones por medios electrónicos que complementa al libro de reclamaciones. Los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias deberán contar con aplicaciones informáticas para gestionar estas reclamaciones.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para crear nuevas infracciones y sanciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. También cambia otras normas sobre gestión del transporte y las infraestructuras.